La protesta social del 21 de noviembre, en contra del Gobierno de Daniel Noboa, terminó con disturbios. Diez personas, entre ellos tres menores de edad, fueron detenidos; cuatro policías terminaron con heridas en la cabeza, brazos y piernas, mientras los dirigentes de organizaciones sociales denunciaron excesos.
Al respecto, el Gobierno informó que, tras investigaciones realizadas sobre estas movilizaciones, «se identificó la participación de personas vinculadas a sectores políticos del pasado». Hacen referencia específicamente a miembros de la Revolución Ciudadana:
Cristian González, asesor principal de Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional, y director provincial de Pichincha de la RC. En el pasado, estuvo detenido por rebelión y terrorismo, acusado del incendio de la Contraloría en las manifestaciones de 2019.
Nicole Tibanlongo, secretaria de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, captada en videos agrediendo a la fuerza pública durante estas marchas.
Jorge Mendoza, exgobernador de la provincia de Imbabura por la RC.
Pacha Terán, candidata a vicepresidenta por el movimiento Unidad Popular.
El comunicado resalta que se realizan investigaciones para esclarecer «si estas personas actuaron conforme a la ley o si persiguieron intenciones ajenas a las manifestaciones legítimas».
Sanciones para los detenidos
Los 10 detenidos durante las movilizaciones del 21 de noviembre en Quito corrieron diferente suerte. Un juez de flagrancia dictó distintas resoluciones contra los implicados.
Tres menores de edad no fueron procesados y salieron libres cinco horas después de los enfrentamientos con la Policía Nacional en la Plaza Simón Bolívar, en el ingreso al Centro Histórico de Quito.
Tres fueron condenados a ofrecer disculpas públicas por generar incidentes, actos violentos y agresiones a los uniformados.
Una mujer, prosecretaria de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, fue procesada por agredir a una servidora policial. El juez le dictó medidas sustitutivas a la prisión: prohibió que salga del país y que se presente ante el fiscal del caso los miércoles, hasta que termine la investigación.
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Tres fueron procesados por alteración del orden público y están retenidos hasta que el juez emita la resolución.
Los dirigentes que organizaron la movilización y gremios de derechos humanos denunciaron excesos durante las detenciones. Mientras tanto, el mando policial dijo que aplicó el principio de legalidad, necesidad y proporcionalidad para garantizar la seguridad.
Durante la protesta, cuatro policías fueron heridos en la cabeza, brazos y piernas con piedras y objetos metálicos. Los uniformados se recuperan en el Hospital de la Policía.
