Aunque el gobierno de Guillermo Lasso transita por un entorno complicado con el desgaste de su imagen, los efectos de recurrir a una eventual disolución de la Asamblea Nacional o muerte cruzada resultarían poco beneficiosos para varias dirigencias políticas que tendrían poco tiempo para prepararse a una convocatoria a elecciones generales anticipadas.
La Constitución del 2008 contempla mecanismos para que tanto la Asamblea Nacional como el presidente de la República los activen frente a una crisis de gobernabilidad.
Desde la vigencia de la Carta Política, la Asamblea Nacional utilizó una de estas herramientas, el artículo 130, para destituir al presidente de la República por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen de la Corte Constitucional; o, por grave crisis política y conmoción interna.
Esta última causal se activó en junio del 2022, en el paro nacional que se extendió por 18 días y que puso a tambalear la estabilidad del régimen, pero que alcanzó 80 votos de los 92 que se requerían para destituir al mandatario.
En el contexto actual, alegando supuestos actos de corrupción en los que se involucra a Guillermo en el caso El Gran Padrino, las bancadas Unión por la Esperanza (UNES), el Partido Social Cristiano (PSC), aliados como el presidente Virgilio Saquicela y otros, separados de la Izquierda Democrática (ID) y Pachakutik (PK) buscan acoplar las causales para enjuiciarlo políticamente.
Apelan al artículo 129 de la Constitución que para proceder con la solicitud requieren de 46 firmas de los legisladores y un informe que configure delitos contra la seguridad del Estado; concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito; y, por delitos de genocidio, tortura desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.
Ese informe, en el caso de ser aprobado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), deberá enviarse a la Corte Constitucional (CC) para que emita un dictamen de admisibilidad.
Si este escenario llegara a consumarse, dentro de la Casa de Gobierno no se desestima aplicar el artículo 148 de la Constitución para disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, esta se hubiera arrogado funciones que no le competan, previo dictamen de la CC.
O si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna.
Esto implicaría que, en un plazo máximo de siete días, después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para completar el periodo.
Hasta que se instale el pleno legislativo, el presidente podrá, previo dictamen favorable de la Corte, expedir decretos-leyes de urgencia económica que serían aprobados o derogados por los asambleístas.
Pero esta figura tendría efectos negativos para las agrupaciones políticas representadas en la legislatura.
“Se produciría un clivaje, que es un rompimiento total del orden instituido y un reacomodo de las fuerzas. En la institucionalidad todo se romperá, porque una vez llamada la muerte cruzada, ni la Asamblea ni el presidente van a mantenerse en el cargo y con el nuevo proceso eleccionario es difícil que, por ejemplo, la ID y PK vuelvan a tener los mismos números, salvo que tengan una figura presidencial que arrastre el voto. Las organizaciones políticas se quedan vaciadas y se acabará con la carrera política de muchos actores”, explicó el académico Esteban Ron.
Los últimos comicios del 5 de febrero mostraron que el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa, la Revolución Ciudadana (RC), tiene un voto duro que promedia en un 30 %, lo que le llevó a obtener las alcaldías de Guayaquil y Quito, así como las prefecturas de Guayas, Pichincha y Manabí.
Pachakutik alcanzó seis prefecturas de las 23 del país y 27 alcaldías, por lo que celebra ser la ‘segunda fuerza política’.
Sin embargo, internamente está dividida y siente la presión de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), cuyo líder, Leonidas Iza, pide la renovación de sus directivos.
El PSC perdió la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura de Guayas, después de 30 años de haber arrastrado el voto hacia sus candidatos.
La ID contaría con ocho alcaldías, una prefectura en Chimborazo; pero a nivel interno también tiene disputas entre sus dirigentes y su bancada legislativa está fraccionada.
El oficialismo alcanzó con CREO 6 alcaldías y otras 19 en alianzas, y ninguna prefectura.
Con una convocatoria a elecciones anticipadas, estos partidos y movimientos estarían en riesgo de alcanzar un alto número de curules o un candidato presidencial que haga frente al correísmo.
“La muerte cruzada no le conviene a nadie, salvo a un grupo estructurado y orgánico como es la Revolución Ciudadana, que lo que buscan es defenestrar al presidente y declarar caduco el modelo político”, anotó Ron, ya que están en una fase de reconstrucción de figuras para los comicios del 2025.
CREO sería el más debilitado, porque su “única funcionalidad era que Guillermo Lasso llegue a la Presidencia. Ahí no hay continuidad de liderazgo político y será difícil su subsistencia”, agregó el catedrático.
