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Diego Ordóñez, el exsecretario de Seguridad y una de las figuras más controvertidas del gobierno de Guillermo Lasso, ahora es objeto de investigación por posibles nexos con paraísos fiscales. El 24 de mayo de 2023, la Contraloría General del Estado (CGE) envió a la Corte Constitucional (CC) un informe de destitución de Diego Ordóñez, exsecretario de Seguridad Pública y del Estado.
Una fuente del organismo confirmó la recepción del documento y explicó que la Corte tiene 10 días para pronunciarse sobre el respeto al debido proceso en el caso de Ordóñez. La Corte Constitucional tiene un plazo de 10 días hábiles para pronunciarse sobre si el debido proceso fue respetado, más no sobre la materia del informe. Dicho plazo termina el 7 de junio de 2023.
El análisis de la Corte Constitucional se limitará a evaluar si la sanción para el funcionario ha sido impuesta en medio de un trámite legal y sin violación de sus derechos. Pero, la CC no analizará el fondo del caso. Ordóñez renunció a la Secretaría de Seguridad el 12 de abril de 2023.
Pese a que Ordóñez ya no está en el cargo, en caso de que la Corte Constitucional avale el debido proceso en el informe de Contraloría, las consecuencias para Ordóñez serían por lo menos tres: La Contraloría enviará el informe de destitución a la oficina antilavado de activos de Ecuador UAFE y al Servicio de Rentas Internas (SRI) para que se investiguen si hubo conductas asociadas con el lavado de activos o la evasión tributaria.
De confirmarse el dictamen, Ordóñez no podrá ejercer cargos públicos durante el lapso de dos años. Tras esos dos años, Ordóñez no podría volver a trabajar en la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado.
El rastro offshore La sanción de la Contraloría, se origina en un seguimiento a la declaración patrimonial jurada que Ordóñez presentó como funcionario público, ante el organismo de control. Según los resultados de ese seguimiento, Diego Ordóñez tendría bienes o cuentas en países considerados como paraísos fiscales.
Hay que recordar que, en febrero de 2017 y mediante consulta popular, los ecuatorianos establecieron como prohibición para ejercer cualquier cargo público el hecho de tener activos en paraísos fiscales (territorios donde no se pagan impuestos). La polémica alrededor de Ordóñez se relaciona con la empresa Sarg Latin American Corporation, domiciliada en Panamá. En esta compañía, según el portal OpenCorporates, Ordóñez sería director y tesorero.
