Roberto Luque califica a Progen como una empresa corrupta que engañó al Ecuador

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, se refirió nuevamente al caso Progen y aseguró que la empresa estadounidense incumplió los compromisos adquiridos con el Estado ecuatoriano en los contratos de generación eléctrica suscritos durante la crisis energética de 2024. Según el funcionario, los retrasos y problemas registrados en los proyectos provocaron graves perjuicios para el país.

Durante sus declaraciones, Luque sostuvo que Progen engañó al Estado ecuatoriano al no entregar oportunamente la capacidad de generación comprometida, pese a los recursos y facilidades otorgadas dentro de los contratos emergentes. Además, defendió la decisión gubernamental de terminar los acuerdos y emprender acciones legales contra la compañía.

El caso Progen es actualmente una de las investigaciones más relevantes relacionadas con la emergencia eléctrica que enfrentó Ecuador. La Fiscalía mantiene procesos por presunto peculado en torno a contratos que superan los cien millones de dólares y que buscaban incorporar generación termoeléctrica para reducir los apagones registrados en el país.

Mientras tanto, han surgido documentos, correos electrónicos, chats y testimonios que intentan esclarecer la participación de distintos funcionarios y exfuncionarios en la negociación y ejecución de estos contratos. Algunas investigaciones periodísticas han señalado que varios actores del sector energético tuvieron intervención en distintas etapas del proceso contractual.

Por su parte, Luque ha rechazado cualquier responsabilidad en las irregularidades investigadas y ha insistido en que su actuación se limitó a tareas de coordinación institucional. El ministro sostiene que las decisiones técnicas y contractuales correspondían a otras instancias dentro de la estructura estatal.

El Gobierno Nacional mantiene abierta una disputa legal con Progen, mientras avanzan las investigaciones penales y administrativas para determinar responsabilidades por los perjuicios ocasionados al sistema eléctrico ecuatoriano y a las finanzas públicas.