Elección sin denuncias de fraude no es elección en Ecuador. Luego de cada proceso electoral, históricamente, surgen acusaciones de alteración de resultados que la mayoría de actores políticos y grupos ciudadanos suelen calificar como fraude. La última, la del 5 de febrero pasado, no ha sido la excepción.
Blasco Peñaherrera, director de Market, lo hizo el pasado 26 de febrero. El encuestador, que hizo exit polls que no acertaron, denunció un presunto fraude electoral en la Alcaldía de Quito y que se han encontrado anomalías en las alcaldías de Guayaquil y Ambato, así como en las prefecturas de Guayas y Azuay.
Peñaherrera ha informado que las semanas pasadas hizo una denuncia en la Fiscalía por falsificación de firmas en las actas, y luego presentó un alcance con la denuncia de fraude.
El pasado 9 de febrero, seis candidatos a ser vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) denunciaron anomalías y hasta un presunto “fraude” electoral en los comicios del 5 de febrero, que estaría afectando la votación obtenida a sus candidaturas.
Manuela Daquilema y Ángel Chela, de los pueblos y nacionalidades, así como Óscar Ayerve, Édgar Coral, Jaqueline Ludeña y Juan Esteban Guarderas, expusieron en una declaración pública sus denuncias al constatar inconsistencias en el número de electores y el número de votos.
Guarderas, días después, el 13 de febrero, anunció que acudiría a Bruselas “para denunciar los indicios de fraude electoral en Ecuador”, y comentó que tenía previsto reunirse con autoridades de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo de España.
Incluso en el mismo Consejo Nacional Electoral (CNE) hubo denuncias de irregularidades. Enrique Pita, vicepresidente del CNE, elevó una queja ante la Fiscalía por la instalación de un supuesto centro clandestino en la Delegación Electoral del Guayas en el que se habrían llenado actas de escrutinio de recuento del referéndum
La Fiscalía abrió una instrucción fiscal por 30 días para hallar indicios por el delito de presunto fraude electoral. Por el caso se detuvo a un funcionario del CNE, pero el juez de flagrancia no aceptó el pedido de la Fiscalía de ordenar prisión preventiva, sino que resolvió dictar otras medidas, como presentación ante autoridad competente y prohibición de salida del país.
