Defensa de Aquiles Álvarez asegura que no existen causales para su remoción como alcalde de Guayaquil

El abogado David Norero, representante legal del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, aseguró que la defensa demostrará que no existe incumplimiento de las causales previstas en el artículo 333 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), por lo que considera improcedente una eventual remoción del cargo.

El proceso de remoción se originó a raíz de una denuncia presentada por el ciudadano Hugo Córdova Hidalgo, quien sostiene que la privación de libertad del alcalde le ha impedido ejercer de manera material y ordinaria sus funciones al frente del Municipio de Guayaquil.

La defensa de Álvarez argumenta que la imposibilidad de ejercer el cargo no obedece a una decisión voluntaria del alcalde, sino a las medidas judiciales que enfrenta, por lo que, a su criterio, no se configura la causal de abandono o incumplimiento de funciones.

Actualmente, el trámite se encuentra en la fase de presentación de pruebas. Una vez concluida esta etapa, la Comisión de Mesa del Concejo de Guayaquil deberá elaborar un informe que será remitido al pleno del Concejo Cantonal, organismo que finalmente decidirá mediante votación si procede o no la remoción de Álvarez.

El equipo legal del alcalde también ha insistido en que se garantice plenamente el derecho a la defensa, advirtiendo que cualquier limitación para que Álvarez pueda comunicarse con sus abogados podría derivar en cuestionamientos sobre la validez del proceso.

Aquiles Álvarez permanece recluido en la Cárcel del Encuentro por orden de prisión preventiva dentro de los casos judiciales denominados Triple A y Grillete, mientras que en el caso Goleada se le otorgaron medidas sustitutivas. Su defensa sostiene que la presunción de inocencia del alcalde permanece intacta y denuncia una supuesta persecución política en su contra.

La eventual decisión del Concejo Cantonal sobre la permanencia o no de Álvarez en la Alcaldía de Guayaquil mantiene la atención del escenario político nacional, debido al impacto institucional y político que tendría un cambio en la administración de la ciudad más poblada del Ecuador.