Daniel Noboa cierra el año entre pugnas políticas, contratos fallidos y cuestionamientos a su gestión

El presidente Daniel Noboa decidió no solicitar licencia para participar en la contienda electoral de febrero, argumentando que no se trataba de una reelección, ya que únicamente estaba completando el período dejado por Guillermo Lasso. Esta decisión se dio en medio de una pugna abierta con la entonces vicepresidenta Verónica Abad, quien constitucionalmente debía reemplazarlo durante la campaña.

En el punto más álgido del conflicto, Noboa ratificó a Abad en su misión diplomática en Turquía y, tras una sanción electoral que le retiró los derechos políticos, designó a Cinthya Gellibert como vicepresidenta encargada.

Gobierno logró mayoría en la Asamblea

En la primera vuelta electoral, Noboa venció por un margen mínimo a Luisa González. Sin embargo, en el balotaje de abril logró una victoria contundente, derrotando a la Revolución Ciudadana con una diferencia histórica cercana a 1.200.000 votos, capitalizando los errores de campaña de su contendora.

Con el triunfo, el siguiente desafío fue garantizar gobernabilidad. El movimiento ADN alcanzó 66 curules, una menos que el correísmo, por lo que el Ejecutivo buscó acuerdos con legisladores independientes y, posteriormente, con Pachakutik, bajo la gestión del entonces ministro José de la Gasca, logrando los 77 votos necesarios para controlar la dirección del Parlamento.

No obstante, durante este periodo no se impulsaron procesos de fiscalización contra ministros u otros funcionarios, mientras que varias leyes urgentes aprobadas por la Asamblea terminaron siendo observadas o anuladas por la Corte Constitucional debido a errores de fondo y forma.

Paralelamente, otros organismos del Estado se alinearon con el Ejecutivo. El Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social reconfiguraron sus mayorías, especialmente tras el escándalo de la Liga Azul, que debilitó al correísmo en ese organismo.

Las pugnas con Aquiles Álvarez y Pabel Muñoz

Noboa también logró influencia sobre los Consejos Provinciales y la Asociación de Municipalidades, pese a las deudas del Gobierno central con los GAD, que ascienden a cerca de $ 800 millones. Esta situación derivó en una confrontación política con varios alcaldes.

El caso más visible fue el del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuestionado por presuntas irregularidades en la empresa familiar dedicada a la comercialización de combustibles. El proceso derivó en el uso de un grillete electrónico y en un enfrentamiento directo con el director de la UAFE, José Julio Neira.

Asimismo, las relaciones con el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se deterioraron a inicios de diciembre, en un ambiente de tensiones políticas y administrativas.

Los contratos fallidos del Gobierno

En el ámbito administrativo, varios contratos promovidos por el Gobierno no prosperaron. El acuerdo con Progen para generación termoeléctrica fue terminado unilateralmente por incumplimientos, lo que derivó en una demanda de Celec en Estados Unidos.

Otro contrato fallido fue el suscrito con Austral, empresa que posteriormente fue denunciada penalmente por incumplimientos. A esto se sumó la frustrada entrega de la operación del campo Sacha a Sinopetrol, de la cual el país esperaba un bono de $ 1.500 millones, monto que la empresa china no logró concretar.

De igual forma, la presión social en Cuenca frenó el proyecto minero Loma Larga, pese a que la empresa canadiense adjudicataria ya contaba con licencia ambiental. El más reciente revés fue el contrato de $ 37 millones con la aplicación Healthbird, destinada a la gestión de citas médicas, que se cayó por inconsistencias técnicas y administrativas.

Daniel Noboa cierra el año en medio de cuestionamientos por su estilo de comunicación, caracterizado por información limitada y vocerías con escasa presencia pública, en un contexto político marcado por conflictos, decisiones controvertidas y una gestión bajo constante escrutinio.