La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), considerada una de las principales empresas públicas de Ecuador por su cobertura y número de usuarios, atraviesa una de sus mayores crisis tras revelarse graves denuncias de corrupción en su estructura interna.
CNEL es la empresa encargada de la distribución y comercialización de energía eléctrica en gran parte del país, atendiendo a millones de usuarios, especialmente en la región Costa.
Red de corrupción bajo investigación
Las investigaciones apuntan a la existencia de una estructura organizada de corrupción que habría operado durante más de una década dentro de la institución.
Según autoridades, esta red manipulaba el sistema de facturación eléctrica para:
- Reducir valores de planillas a cambio de sobornos
- Generar refacturaciones sin justificación
- Alterar reclamos de usuarios
Solo en 2025, estas prácticas habrían causado un perjuicio de al menos 28 millones de dólares al Estado.
Además, estimaciones oficiales elevan el impacto total a cifras mucho mayores, incluso cercanas a 300 millones de dólares, considerando años anteriores.
Allanamientos y operativo nacional
El 28 de abril de 2026, la Fiscalía y la Policía ejecutaron allanamientos en oficinas de CNEL en varias provincias del país, como parte de un operativo para desarticular la presunta red.
Las investigaciones involucran a decenas de funcionarios, quienes habrían participado en la manipulación de sistemas internos para beneficiar a terceros, incluidos comercios y empresas.
Incluso, autoridades han señalado casos de empleados con ingresos modestos que poseían patrimonios millonarios, lo que encendió las alertas de organismos de control.
Reclamos ciudadanos y crisis institucional
Paralelamente, CNEL enfrenta un fuerte descontento ciudadano debido a:
- Incrementos inesperados en planillas de luz
- Fallas en el sistema de facturación
- Procesos poco transparentes
Usuarios han reportado valores elevados en sus facturas, lo que coincide con la revelación de irregularidades dentro de la empresa.
Fiscalización política
Ante la magnitud del caso, la Asamblea Nacional inició un proceso de fiscalización para investigar la presunta red de corrupción y determinar responsabilidades dentro del sector eléctrico.
