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Autoridades de Asamblea conocerán dictamen y juicio político irá a Fiscalización

El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) sesionará este viernes 31 de marzo de 2023, a las 9:30, para “conocer y resolver” sobre el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional al pedido de juicio político en contra del presidente, Guillermo Lasso.

El titular de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), remitió la convocatoria a los siete integrantes del organismo esta mañana. La sesión se dará en modalidad virtual, después de que el documento llegó cerca de la medianoche de ayer a esta Función del Estado.

Nathalie Arias, delegada del oficialismo en el CAL, manifestó que, en la práctica, se trata solo de una formalidad y a este organismo le corresponde enviar el pedido de juicio político a la Comisión de Fiscalización para que sea sustanciado.

Arias aseguró que el hecho de que la Corte solamente admitiera el juicio político contra Lasso por supuesto peculado y no por concusión, como también pretendía la oposición legislativa, implicará que no todas las pruebas anunciadas por los proponentes inicialmente podrán ser utilizadas.

El asambleísta de Pachakutik y segundo vicepresidente de la Asamblea, Darwin Pereira, explicó que la Comisión de Fiscalización tendrá un plazo de 30 días para entregar un informe para resolución del Pleno y aseguró que este no tendrá el carácter de vinculante.

Señaló que a la Corte ha avanzado “un paso más en la revisión de esta causa”, a diferencia de lo sucedido con el enjuiciamiento político de 2017 contra el exvicepresidente, Jorge Glas. Apuntó que a este organismo no le correspondía establecer si hay o no concusión o peculado, sino que esto debía establecer la Asamblea en el proceso de juicio político.

“Es un tema muy delicado, ha hilado muy fino la Corte, en todo caso tenemos que respetar”, anotó. “Todas las pruebas van a operar en el juicio, pero entiendo que si hay un dictamen de la Corte, que nos dice que no podríamos ir por concusión, tendríamos que ir solo por peculado”, puntualizó. En ambos casos se trata de delitos contra la administración pública.

El pedido de juicio político es impulsado por la mayoría legislativa liderada por el correísmo y el PSC, que asegura contar con los 92 votos necesarios para la censura y destitución del Jefe de Estado. En ese escenario, asumirá el cargo el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero.

Los asambleístas minimizaron el hecho de que la Corte concluyera que en el trámite del juicio político se dieron irregularidades, en el ámbito administrativo, en la presentación de la solicitud para interpelar a Lasso. Saquicela no se pronunció ante la prensa.

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