Así se puede denunciar una presunta mala práctica médica en Ecuador

Las personas que consideran haber sufrido daños debido a una presunta mala práctica médica cuentan con distintas alternativas legales en Ecuador. La vía que corresponda dependerá de las circunstancias del caso y del tipo de responsabilidad que se busque establecer.

Una de las principales opciones es acudir a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia, que puede realizarse de forma oral o escrita. El afectado no está obligado a contar inicialmente con un abogado, aunque EXPRESO recomienda recibir asesoría legal para dar seguimiento a la investigación y las actuaciones del proceso.

Dependiendo de las consecuencias ocasionadas al paciente, los hechos pueden ser analizados bajo figuras establecidas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), entre ellas el homicidio culposo por mala práctica profesional y las lesiones derivadas de una presunta mala práctica.

Otra alternativa es la vía civil, mediante la cual una persona puede presentar una demanda por daños y perjuicios sin tener que esperar previamente una sentencia penal. En este proceso se pueden reclamar conceptos como daño material, daño moral y lucro cesante, de acuerdo con las características de cada caso.

También existe una vía administrativa, que puede activarse mediante denuncias ante organismos como el Ministerio de Salud Pública, dependiendo de la naturaleza del caso y de las competencias institucionales. Este procedimiento puede derivar en medidas disciplinarias contra el profesional, incluida la suspensión del ejercicio profesional o la revocatoria del título habilitante.

EXPRESO señala que los casos deben analizarse de manera individual, debido a que las posibles responsabilidades y consecuencias dependen de las circunstancias en que ocurrió el procedimiento médico y de los daños ocasionados al paciente.

De esta manera, una persona afectada puede recurrir a la vía penal para determinar una posible responsabilidad criminal, a la vía civil para buscar una reparación económica o a la vía administrativa para solicitar sanciones relacionadas con el ejercicio profesional.