Aquiles Alvarez pide que el juicio del caso Triple A sea transmitido por plataformas digitales

La jueza Consuelo Tapia fue designada como reemplazo temporal del juez anticorrupción Carlos Serrano dentro del Tribunal de Juzgamiento del denominado caso Triple A, proceso penal en el que se investiga a 22 personas naturales y jurídicas por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.

Tapia se integra al tribunal conformado además por los jueces anticorrupción Jorge Sánchez, quien actúa como ponente, y Gabriela Lara. La designación consta en una providencia emitida el 19 de diciembre, dos días después de que Serrano anunciara que dejó de asistir a su despacho por motivos de seguridad, tras recibir amenazas de muerte relacionadas con un caso de lavado de activos vinculado al narcotráfico.

Con la conformación completa del tribunal, se mantiene la convocatoria para instalar la audiencia de juzgamiento el próximo 24 de diciembre, a las 14:30, en la sala 208 del Complejo Judicial Norte, en Quito. Inicialmente, el juicio estaba previsto para el 21 de enero de 2026, pero la fecha fue adelantada por el juez Sánchez en aplicación del principio de celeridad procesal y tras revisar la agenda de la Unidad Especializada en Corrupción y Crimen Organizado.

Antecedentes del caso

El 19 de julio pasado, el juez anticorrupción Renán Andrade llamó a juicio a 16 personas naturales y seis empresas, luego de acoger el dictamen acusatorio presentado por el entonces fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Carlos Leonardo Alarcón, actual fiscal general encargado.

La Fiscalía sostiene que en el caso Triple A existiría una red de comercialización irregular de combustibles, principalmente diésel, entre empresas y estaciones de servicio. Según las pericias, el perjuicio económico al Estado ascendería a USD 61’502.658,39, correspondiente a más de 22 millones de galones de combustible entre diésel y gasolina.

De acuerdo con la investigación, varias estaciones que adquirieron el combustible estarían ubicadas en zonas fronterizas y mineras, lo que hace presumir que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos no autorizados, generando un perjuicio al erario nacional.

Vinculación de Aquiles Álvarez y pedidos procesales

El 10 de abril, por pedido de la Fiscalía, el juez Andrade decidió vincular al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a otras diez personas naturales y a la empresa Harsajudi S. A. dentro del proceso.

En los últimos días se presentaron pedidos de diferimiento de la audiencia del 24 de diciembre, los cuales fueron negados por el presidente de la Sala, argumentando que no existen fechas cercanas disponibles y que en otras causas existe riesgo de caducidad de la prisión preventiva.

Asimismo, varios procesados solicitaron participar de la audiencia de manera telemática debido a dificultades de traslado desde otras provincias. Algunos de estos pedidos fueron aceptados y se les entregó el enlace de conexión, mientras que otros aún se encuentran pendientes de resolución.

Otro requerimiento que no ha sido resuelto es el planteado por Ramiro García Falconí, abogado defensor de Aquiles Álvarez, quien solicitó que la audiencia sea pública y transmitida por plataformas digitales, al considerar que el proceso reviste un alto interés nacional por tratarse de presuntos delitos de corrupción y por involucrar a una autoridad de elección popular.

La defensa del alcalde sostiene que no existe delito y que se estaría responsabilizando a Álvarez por supuestas irregularidades ocurridas cuando era representante legal de una comercializadora de combustibles, y no por su actual gestión como alcalde de Guayaquil.