Alcaldes y prefectos enfrentan investigaciones en medio del escenario preelectoral

A pocos meses del inicio del proceso rumbo a las elecciones seccionales de 2027, varios alcaldes y prefectos del país afrontan investigaciones en distintos ámbitos. La Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado, la Asamblea Nacional y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) mantienen abiertos expedientes relacionados con presuntos delitos, irregularidades administrativas e infracciones electorales.

En la Asamblea Nacional, la Comisión de Gobiernos Autónomos inició un proceso de fiscalización sobre posibles incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes y prefectos. Para ello, solicitó información a la Contraloría, al Servicio de Rentas Internas (SRI), al Ministerio del Trabajo y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), con el fin de verificar la evolución patrimonial de las autoridades y, de ser el caso, remitir hallazgos a la Fiscalía.

Paralelamente, el Tribunal Contencioso Electoral ha emitido sentencias contra algunas autoridades locales por infracciones electorales, principalmente relacionadas con violencia política de género, mientras que la Fiscalía mantiene investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito en varios municipios y prefecturas del país.

Los legisladores a cargo de la fiscalización señalaron que el proceso busca garantizar la transparencia en la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados y sostuvieron que las investigaciones no pretenden convertirse en un mecanismo de persecución política en medio del ambiente preelectoral. Además, la Asamblea habilitó un canal para que la ciudadanía presente información o alertas relacionadas con la actuación de las autoridades seccionales.