Como fundamentos de hecho de la petición, la vicepresidenta Abad, narra que el día 22 de diciembre de 2024, a las 20:00, a través de una llamada telefónica anónima “me manifestaron que, en los despachos de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, se han estado gestando hasta la actualidad múltiples ofertas provenientes de funcionarios de la Presidencia de la República y sus representantes, para que, en los diferentes proceso contenciosos electorales que se siguen en mi contra, los jueces resuelvan favorablemente a los miembros del Gobierno Nacional; esto con el fin de anularme políticamente y evitar la sucesión presidencial, mimas que corresponde configurarse en el mes de enero del año 2025, según el orden constitucional establecido”.

En el escrito indica que se debe tener en cuenta la pertinencia de este acto urgente, puesto que, “existen procesos contenciosos electorales que se sigue en mi contra que ya cuenta con resolución sancionatoria y otros con futuras audiencia, mismas que se estarían amañando a fin de conseguir más resoluciones en mi contra para complacer el fin último del gobierno de turno”.

Abad solicita que a fin de recabar y preservar las evidencias de la configuración del cometimiento de los delitos de tráfico de influencias y oferta de tráfico de influencias; se disponga como acto urgente el allanamiento y levantamiento de evidencias de todo tipo es: digital, electrónica, audiovisual, telefónica, documental y demás, en las oficinas de los jueces del TCE: Ivonne Coloma Peralta, Ángel Torres Maldonado, Joaquín Viteri Llanga, Guillermo Ortega Caicedo, Fernando Muñoz Benítez, Juan Maldonado Benítez, Richard González Dávila y Roosevelt Cedeño López.

Abad, acompañada de sus abogados y asistentes, dijo que este acto que realiza de manera civil, de manera contundente es para “frenar el hostigamiento que tenemos hacia los jueces, el querer presionarles ante lo que ellos tuvieran que actuar, que es en derecho y en justicia para todos los ecuatorianos”.

Aquí no hay justicia selectiva, sentenció la vicepresidente, no puede haber una justicia de acuerdo a uno o a otro que le convenga políticamente si estamos hablando de un Tribunal Contencioso Electoral en donde la justicia tiene que ser clara para todas las personas de acuerdo al derecho constitucional que tenemos los ecuatorianos, el de elegir y el de ser elegidos.

Dijo que el siguiente paso que tiene es el 27 de diciembre de 2024, en el TCE donde “vamos a ver las irregularidades que aún presumimos por esta razón estamos pidiendo dentro del Tribunal Contencioso Electoral”

La vicepresidenta Abad, dijo que está armando una cronología de los hechos para mostrar cómo en seis meses ha sido asediada por la justicia. “Seis meses han bastado para meterme cuatro a cinco denuncias dentro del Tribunal Contencioso Electoral. Esto es un hostigamiento judicial a la que me tienen sometida”.