El movimiento político Unidad Popular anunció que acudirá a organismos internacionales tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de cancelar su personería jurídica en Ecuador.

Su dirigente, Geovanni Atarihuana, confirmó que la organización presentará recursos ante instancias nacionales como el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y la Corte Constitucional, pero también llevará el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El líder político sostiene que la medida vulnera derechos fundamentales como la participación política y el debido proceso. Además, calificó la decisión como parte de un intento de excluir a fuerzas de oposición del escenario electoral.

Unidad Popular también cuestiona el tiempo en que se tomó la resolución, argumentando que el Código de la Democracia establece plazos específicos para este tipo de procesos, los cuales —según su versión— ya habrían vencido.

Por su parte, el CNE defendió la legalidad de la medida, señalando que la cancelación se realizó conforme a la normativa vigente, debido a que el movimiento no cumplía con el número mínimo de afiliados exigido por la ley.

La eliminación de Unidad Popular —junto con el movimiento Construye— los deja fuera del registro oficial de organizaciones políticas, lo que implica que no podrán participar en futuras elecciones si no logran revertir la decisión.

Este caso se produce en un contexto electoral clave para el país, a pocos meses de las elecciones seccionales de 2026, lo que incrementa la tensión política y jurídica en torno al sistema de partidos en Ecuador.