El movimiento político Unidad Popular presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de frenar su cancelación del registro de organizaciones políticas en Ecuador y garantizar su participación en las elecciones seccionales de 2026.
El pedido fue anunciado el 5 de mayo por sus dirigentes, quienes argumentan que la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) vulnera los derechos políticos de más de 206.000 afiliados, así como las libertades democráticas.
Según explicó el dirigente Paúl Jácome, la intención es evitar que se concrete lo que consideran una “vulneración de derechos” en un momento clave del calendario electoral. Además, solicitaron que la CIDH realice seguimiento al caso para garantizar transparencia en el proceso.
La controversia surge tras la resolución del CNE, emitida el 26 de abril de 2026, que determinó la cancelación de Unidad Popular y otras organizaciones políticas por presuntas irregularidades relacionadas con el número de afiliados exigido por la ley.
Sin embargo, el movimiento sostiene que sí cumple con los requisitos legales y denuncia que la decisión responde a motivaciones políticas. En ese contexto, advierte que la eliminación del registro impediría su participación en los comicios del 29 de noviembre, afectando directamente a sus bases.
Además, el proceso interno en el CNE ha enfrentado dificultades, incluyendo sesiones sin resoluciones definitivas por falta de votos, lo que ha generado incertidumbre sobre el futuro legal del partido.
La solicitud ante la CIDH representa un nuevo frente en la disputa, trasladando el caso al ámbito internacional. Este organismo, perteneciente a la OEA, puede emitir medidas cautelares cuando identifica riesgos de vulneración de derechos fundamentales.
Mientras tanto, Unidad Popular anticipó que continuará con su planificación electoral, incluyendo la presentación de precandidatos en los próximos días, a la espera de una resolución tanto en instancias nacionales como internacionales.
El caso se desarrolla en un contexto de alta tensión política en Ecuador, donde varias decisiones del sistema electoral han generado controversia de cara a los próximos comicios seccionales.
