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A los cuatro días de entrada en vigencia, la Unión Nacional de Educadores (UNE), presentó ante la Corte Constitucional (CC), una demanda de inconstitucionalidad por el fondo y la forma a la ley de Integridad Pública.
Los motivos de la esta demanda, según el presidente de la UNE, Andrés Quishpe, son algunos. Uno de ellos, la falta de unidad de materia porque el documento que inicialmente remitió el Ejecutivo fue distinto al que finalmente salió aprobado en la Asamblea Nacional. Se terminó insertando reformas a más de 20 leyes que afectan a los derechos de los trabajadores, mujeres, a los niños y adolescentes.
Dijo que existen artículos polémicos que violentan la estabilidad laboral, la compensión jubilar y que buscan “asaltar a los organismos de justicia”, lo cual vicia el proceso de haber aprobado la ley, porque le corresponde al Presidente de la República manifestar cuándo una ley es urgente y además cuidar la unidad de materia, por lo tanto, la Asamblea Nacional se arrogó competencias rompiendo los respectivos protocolos jurídicos y parlamentarios.
