Un año después del paro de 2025, Ecuador registra 166 causas penales y solo una sentencia condenatoria

Un año después de las protestas que sacudieron a Ecuador por la eliminación del subsidio al diésel, las investigaciones judiciales relacionadas con esos acontecimientos avanzan de manera limitada. Entre los datos más relevantes consta que la Fiscalía General del Estado abrió 166 expedientes penales y que la mayoría todavía permanece en etapa de investigación previa.

Las movilizaciones se desarrollaron entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre de 2025. Durante ese periodo, comunidades indígenas, organizaciones sociales y otros sectores protagonizaron manifestaciones y cierres viales, principalmente en las provincias de Imbabura y Pichincha, en rechazo a la medida económica adoptada por el Gobierno de Daniel Noboa.

De acuerdo con el balance publicado por Primicias el 20 de octubre de 2026, las jornadas dejaron tres personas fallecidas, decenas de heridos entre civiles y uniformados, y pérdidas económicas estimadas en $100 millones solamente en Imbabura.

El 79,5 % de las investigaciones permanece bajo reserva

El reporte de la Fiscalía, consultado por Primicias, detalla que 132 de las 166 causas, equivalentes al 79,5 %, continúan bajo reserva legal en la fase de investigación previa.

En esta etapa, los investigadores recopilan indicios y elementos de convicción antes de determinar si existen fundamentos para formular cargos contra posibles responsables.

Las causas concluidas suman 21. De ellas, una terminó con sentencia condenatoria por daño a bien ajeno en Pichincha; en nueve se ratificó la inocencia de los procesados y en cinco se dictó sobreseimiento. Además, cinco expedientes fueron archivados y uno se extinguió.

Otros 13 procesos continúan en trámite. Dentro de este grupo, siete tienen solicitudes de archivo pendientes de validación judicial, cuatro cuentan con dictámenes abstentivos y uno por ataque o resistencia en Sucumbíos tiene dictamen acusatorio pendiente de discusión en la audiencia preparatoria de juicio. Otro proceso por paralización de un servicio público en Pichincha permanece en instrucción fiscal.

Paralización de servicios públicos, el delito con más registros

El delito de paralización de un servicio público concentra el mayor número de investigaciones relacionadas con las protestas. Según los datos recopilados por Primicias, existen 90 causas por esta infracción, que representan el 54,2 % del total.

El delito de daño a bien ajeno registra 15 investigaciones, mientras que las denuncias contra agentes de la fuerza pública por presunta extralimitación en la ejecución de un acto de servicio suman diez.

Los expedientes también incluyen investigaciones por secuestro, instigación, robo, terrorismo, ataque o resistencia e incitación a la discordia.

La existencia de una investigación penal no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad. La responsabilidad de cada persona debe establecerse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.

Imbabura y Pichincha concentran el 71 % de las causas

La distribución territorial evidencia que las provincias de Imbabura y Pichincha concentraron el 71 % de los expedientes abiertos por los acontecimientos del paro.

Imbabura encabeza el registro con 76 causas, seguida de Pichincha, con 42. También aparecen Carchi, con 12 expedientes; Azuay, con nueve; y Loja, con siete. En Cañar, Cotopaxi y Sucumbíos se reportaron entre tres y cuatro procesos por provincia.

La concentración de casos coincide con la intensidad de las movilizaciones y los enfrentamientos registrados en distintos puntos de la Sierra norte del país.

El caso de Otavalo llegó nuevamente a juicio

Uno de los episodios más relevantes ocurrió el 22 de septiembre de 2025 en Otavalo, donde manifestantes atacaron instalaciones del Comando de Policía y de la Policía Judicial. Los daños materiales fueron cuantificados pericialmente en $134.460.

En un primer momento, 13 personas fueron aprehendidas y la investigación se inició por terrorismo. Posteriormente, la Fiscalía reformuló los cargos por ataque o resistencia y daño a bien ajeno, y vinculó a cinco personas más.

El 5 de junio de 2026, un juez de Otavalo dictó el sobreseimiento de los 18 procesados por falta de individualización. Sin embargo, el 8 de septiembre de ese año, la Corte Provincial de Imbabura revocó esa decisión y llamó a juicio a los investigados. El proceso permanecía pendiente de juzgamiento al momento de la publicación de Primicias.

La caravana presidencial en Cañar también generó una causa

Otro episodio se produjo el 7 de octubre de 2025, cuando la caravana presidencial de Daniel Noboa fue atacada con piedras durante su paso por El Tambo, provincia de Cañar. El incidente dejó ocho vehículos dañados y tres militares heridos, según el reporte periodístico.

Aunque inicialmente se anunciaron posibles cargos por tentativa de asesinato y terrorismo, la Fiscalía formuló el procedimiento por ataque o resistencia y daño a bien ajeno.

Al día siguiente, una jueza declaró ilegal la aprehensión de cinco comuneros y ordenó su liberación al identificar vulneraciones al debido proceso. La investigación regresó a la fase previa y, según Primicias, continuaba en diligencias preliminares, incluida la extracción de información digital de teléfonos incautados.

Un año después, las investigaciones siguen abiertas

El balance judicial muestra que la mayoría de las causas derivadas del paro de 2025 todavía no ha llegado a una resolución definitiva. Mientras 132 expedientes permanecen bajo reserva, otros procesos han terminado con decisiones de inocencia, sobreseimiento o archivo, y uno concluyó con sentencia condenatoria.

Los acontecimientos dejaron consecuencias humanas, económicas y judiciales que continúan siendo objeto de investigación. El avance de los expedientes y las decisiones de los tribunales determinarán la evolución de los casos pendientes, con respeto a las garantías del debido proceso y a la presunción de inocencia.

Fuente: Primicias