Tensión en Zamora Chinchipe por operativo militar contra la minería ilegal

La intervención de las Fuerzas Armadas contra actividades de minería ilegal generó momentos de tensión en el cantón Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe. El operativo se desarrolló en dos puntos identificados como zonas de extracción minera no regularizada en el sector de Guayzimi.

Durante la acción militar fueron localizadas dos excavadoras, tres motores de succión, 600 galones de combustible y tres clasificadoras tipo Z, maquinaria y equipos que, según la información oficial, eran utilizados para actividades ilícitas de extracción de minerales. Los equipos fueron inutilizados.

Las Fuerzas Armadas estimaron que la intervención provocó una afectación económica de aproximadamente $225.800 a las actividades relacionadas con la minería ilegal.

El operativo también provocó el rechazo de un grupo de mineros y pobladores, quienes cuestionaron la intervención estatal y señalaron que numerosas familias dependen directa o indirectamente de la actividad minera. El dirigente minero Freddy Álvarez manifestó que existe preocupación entre quienes obtienen sus ingresos de esta actividad.

Durante la jornada se registraron incidentes entre militares y pobladores. Según versiones difundidas desde la zona, algunos uniformados habrían sido retenidos temporalmente y posteriormente liberados. También se reportó un incidente en el que varias personas habrían rociado combustible y lanzado objetos contra un vehículo militar blindado. El intento de incendiar el automotor no se concretó.

Posteriormente, los pobladores y mineros se concentraron en Guayzimi, cabecera cantonal de Nangaritza, y exigieron el retiro de los militares del sector. Durante la noche se mantuvo una vigilia en los alrededores del polideportivo y del estadio municipal, mientras personal militar reforzó la zona.

Las actividades de minería sin controles generan preocupación por sus posibles efectos sobre ríos, bosques y ecosistemas del Bajo y Alto Nangaritza, una zona reconocida por su riqueza natural.

El caso también evidencia el desafío de enfrentar la minería ilegal sin dejar de atender las necesidades económicas de las comunidades. Algunos pobladores señalaron que, sin alternativas como empleo, capacitación, crédito, agricultura rentable o emprendimientos productivos, existe el riesgo de que parte de la población vuelva a los ríos en busca de sustento.