El asambleísta Héctor Valladarez, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), presentó el 14 de mayo una nueva solicitud de juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Esta iniciativa se suma a un pedido anterior presentado por su compañera de bancada, Gisella Garzón, que se encuentra en trámite en la Comisión de Fiscalización.
Valladarez argumenta dos nuevas causales para el enjuiciamiento de Salazar:
1. Encubrimiento de potenciales casos de lavado de activos:
El legislador acusa a Salazar de no haber iniciado procesos judiciales respecto a 80 de las 92 alertas de potenciales casos de lavado de activos emitidas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) entre 2019 y 2022.
Valladarez sostiene que esto representa un incumplimiento del artículo 284 numerales 2, 4, 11 y 13 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Afirma que la falta de acción de la fiscalía ha “protegido a potenciales lavadores de activos por un monto que sobrepasa los $ 250 millones”.
2. Inacción en un caso contra Carlos Pareja Cordero:
Valladarez señala que en 2016 la Fiscalía inició una investigación contra Pareja Cordero por presunto lavado de activos.
Sin embargo, el caso fue declarado nulo en 2017 luego de que la defensa de Pareja Cordero denunciara en Miami (EE.UU.) al perito informático de la causa por presunto hackeo de cuentas personales.
El asambleísta acusa a Salazar de “inacción” en este caso, lo que “permitió que los bienes incautados, inclusive dinero en efectivo, sean recuperados por el señor Pareja Cordero”.
Valladarez asegura que este nuevo pedido de juicio político “podría sumarse” al que ya está en curso en la Comisión de Fiscalización. Para que esto suceda, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá calificar la nueva solicitud.
La Fiscalía ha rechazado las acusaciones de Valladarez, calificándolas de “falta de entendimiento” por parte del legislador. En un comunicado, la institución destaca que su trabajo ha sido reconocido incluso a escala internacional, “por entidades como Gafilat (Grupo de Acción Financiera Latinoamericana)”.
Se espera que en los próximos días el CAL se pronuncie sobre la nueva solicitud de juicio político y se defina el futuro de este proceso.
