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El mismo día en que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) inadmitió a trámite la solicitud de juicio político contra cinco vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) volvió a ingresar el pedido ante la presidencia de la Asamblea Nacional, esta vez con 46 firmas de respaldo.
Durante la mañana, el CAL resolvió archivar la solicitud presentada por el asambleísta Luis Fernando Molina (RC), al determinar inconsistencias en 16 de las 42 firmas que respaldaban el pedido de interpelación política en contra de los consejeros Andrés Fantoni, presidente del CPCCS; Johanna Verdezoto; Jazmín Enríquez; David Rosero Minda; y Piedad Cuarán Rosero.
Sin embargo, horas después, el mismo legislador volvió a presentar la solicitud de juicio político contra los cinco consejeros, corrigiendo las observaciones señaladas por el CAL y elevando el respaldo a 46 firmas. Ahora, la bancada correísta espera que el organismo legislativo avoque conocimiento del nuevo trámite y lo admita a proceso.
El pedido de juicio político se sustenta en presuntas acciones y omisiones de los vocales del CPCCS durante el proceso de designación de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Según la solicitud, dichas actuaciones habrían vulnerado principios constitucionales como legalidad, probidad, mérito, transparencia y seguridad jurídica, además de constituir una inobservancia de disposiciones constitucionales y legales que comprometerían gravemente la institucionalidad del país y el interés público.
De acuerdo con la documentación presentada por Molina, las actuaciones de los consejeros no se habrían limitado a decisiones administrativas formales, sino que evidenciarían un ejercicio irregular de sus competencias constitucionales, así como el incumplimiento de deberes y responsabilidades establecidos tanto en la Constitución como en la normativa legal vigente.
El asambleísta Luis Fernando Molina defendió la insistencia de su bancada en el proceso de fiscalización y aseguró que el control político no puede ser bloqueado por observaciones administrativas. “El control político no se archiva por cálculo, ni se bloquea con excusas administrativas. Las firmas son válidas y el país lo sabe”, afirmó.
A través de su cuenta en la red social X, Molina señaló que ahora la decisión está en manos del CAL. “Hoy el balón está en la cancha del CAL”, escribió, y advirtió que insistir en observaciones sobre las firmas no significaría corregir un trámite, sino “proteger intereses y renunciar al rol constitucional” que le corresponde al organismo legislativo.
