Recuperar los $104 millones pagados a Progen no será una tarea sencilla, advierten expertos

La recuperación de los $104 millones desembolsados por el Estado ecuatoriano a la empresa estadounidense Progen se perfila como uno de los principales desafíos legales y financieros derivados del escándalo de los contratos eléctricos firmados durante la crisis energética.

Según expertos consultados por Ecuavisa, lograr que esos recursos regresen a las arcas públicas no será un proceso fácil, pese a las acciones judiciales emprendidas por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) en tribunales de Estados Unidos.

La complejidad radica en que parte del dinero ya habría sido transferido a distintas empresas, subcontratistas y cuentas relacionadas con directivos y personas vinculadas a Progen, lo que obliga a rastrear cada movimiento financiero antes de intentar su recuperación.

Actualmente, CELEC mantiene una demanda en territorio estadounidense contra Progen, varios de sus directivos y otras empresas involucradas en las operaciones financieras relacionadas con los contratos de generación eléctrica de Salitral y Quevedo.

Las investigaciones también buscan determinar el destino final de los recursos públicos desembolsados por Ecuador y establecer las responsabilidades de cada uno de los actores involucrados en la contratación y ejecución de los proyectos.

El caso se originó tras detectarse presuntas irregularidades en la adquisición de generadores que debían reforzar la capacidad eléctrica del país. Posteriormente, documentos incorporados a procesos judiciales revelaron que varios de los equipos eran usados y presentaban problemas técnicos que impidieron su operación.

Mientras avanzan las acciones judiciales, las autoridades ecuatorianas buscan no solo determinar responsabilidades penales y civiles, sino también recuperar la mayor cantidad posible de recursos públicos comprometidos en los contratos cuestionados.

Sin embargo, especialistas advierten que este tipo de litigios internacionales suelen extenderse durante varios años y que la recuperación total de los fondos dependerá de la ubicación de los activos, las decisiones judiciales y la capacidad de ejecutar eventuales sentencias en diferentes jurisdicciones.