Fiscalía notificó a la defensa del expresidente Rafael Correa que está siendo investigado de forma previa por supuestas irregularidades relacionadas con el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. Así lo confirmó, la mañana de este viernes 3 de marzo, Fausto Jarrín, exasambleísta de la Revolución Ciudadana y uno de los abogados del ex primer mandatario que se encuentra radicado en Bélgica, desde mediados de 2017 que dejó el poder en Ecuador.
La semana pasada habrían recibido los abogados de Correa la notificación para que ejerzan su derecho a la defensa respecto a hechos que se habrían denunciado en 2019. El líder correísta mantiene una sentencia en firme de ocho años de cárcel por el delito de cohecho, en el caso Sobornos 2012-2016, y, además, tiene un llamado a juicio en suspenso por el plagio ocurrido en 2012 contra el activista político Fernando Balda.
La nueva investigación para Jarrín es una reacción de la Fiscalía a que desde su sector político se le está relacionando con todo este proceso de persecución que vive el correísmo. “Creemos que la motivación de esta notificación es la reacción de Fiscalía. Lo que están haciendo es la notificación con la investigación del caso Toachi-Pilatón. Una denuncia presentada por Julio César Trujillo cuando todavía existía el circo transitorio, es decir, nos notifican con algo que se presentó hace cuatro años”.
La notificación es parte de un impulso fiscal del 17 de febrero pasado de la Unidad de Fuero de Corte Nacional y en el que constan los nombres de 45 personas.
Entre los investigados estarían Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, el ex secretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera, el excontralor Carlos Pólit, la exfiscal general Ruth Palacios, los exministros del correísmo Esteban Albornoz, Alecksey Mosquera, Ricardo Patiño, Fausto Ortiz. También el exprefecto de Pichincha Gustavo Baroja, los exdirectvos del IESS Ramiro González y Richard Espinosa, y otros exfuncionarios de ese periodo, como Gustavo Jalkh y Johana Pesántez.
Relacionado con el proyecto Toachi-Pilatón, en 2017 la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) presentó una denuncia contra varios exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa ante posibles hechos de corrupción que se habrían dado en la construcción del proyecto hidroeléctrico.
El abogado Fausto Jarrín acudió el jueves y viernes últimos a la Corte Nacional de Justicia para asistir a la audiencia de formulación de cargos en el caso Sinohydro, proceso penal en el que uno de los 37 investigados por el delito de cohecho es Lenín Moreno, el excompañero presidencial de Rafael Correa.
Respecto a Moreno, Jarrín dijo que la justicia va no solo a procesar al exvicepresidente de su cliente, sino a quien fue presidente de la República después. Lo calificó como el “personaje principal de la traición” de la que fueron víctimas y de la “persecución” que siguen viviendo”.
“Vamos seis años de persecución, creo que eso no haya cesado así como así. El hecho de que ahora existan estos procesos (caso Sinohydro), que se han denunciado desde hace cuatro o cinco años, no significa que la percepción haya cesado. Las investigaciones previas siguen abiertas”, apuntó Jarrín, al tiempo de decir que aunque vale la pena que se haya iniciado el procesamiento de Moreno, lamenta lo tarde que ha empezado.
La defensa de Correa confirma que en el impulso de notificación no se ordenan diligencias, sino solo se pone en conocimiento de la investigación existente contra quienes serían indagados.
“Ese es el juego mediático al que lastimosamente nos han acostumbrado estos años. Lo que están diciendo es por aquí hay más investigaciones, así que cuidado. Es una forma de amenazarnos creo yo. Rafael Correa tiene 42 investigaciones previas. Fiscalía ha jugado con eso. Unas tienen cinco años, otras seis años, otras tres años, en todas ha transcurrido más de lo que la ley establece, sin embargo, la Fiscalía las mantiene abiertas para hacer justamente estas cosas: hacernos sentir que todavía tiene alguna capacidad de perseguirnos, de afectar nuestras garantías”, expresó Jarrín.