Que no hay pruebas en su contra: el principal argumento que expuso Guillermo Lasso
Menos de una hora demoró la comparecencia del presidente Guillermo Lasso ante el pleno de la Asamblea Nacional para ejercer su derecho a la defensa, en el marco del juicio político que se sigue en su contra por el presunto delito de peculado.
Lasso concentró la primera parte de su discurso en exponer sus pruebas de descargo para desvirtuar las acusaciones de los asambleístas interpelantes Viviana Veloz (UNES) y Esteban Torres (PSC). Tildó de “infundado y absurdo” el proceso en su contra.
Veloz y Torres argumentaron que el presidente tiene responsabilidad política al permitir que continúe un contrato de la empresa pública Flopec con Amazonas Tanker Pool Company LLC., para el alquiler de buques para transportar petróleo, a pesar de tener conocimiento de que dicho contrato generaba un millonario perjuicio al fisco. Que inclusive un informe de la Contraloría General del Estado determinó que el contrato no era beneficioso.
En ese contexto, los legisladores señalaron que Lasso también es responsable por haber designado a Hernán Luque Lecaro como máxima autoridad de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) y darle amplias facultades de decisión sobre las entidades estatales, lo que habría derivado en el cometimiento de presuntos actos de corrupción.
Frente a ello, Guillermo Lasso replicó que los hechos ocurrieron en el año 2018, cuando todavía no era presidente. Dijo que el contrato, la adenda y el informe de Contraloría fueron sobre un proceso que transcurrió entre 2018 y 2020.
Señaló que Contraloría hizo trece recomendaciones, las cuales fueron acatadas por su gobierno “al pie de la letra”. El presidente indicó que dicho informe no recomendó terminar el contrato con Amazonas Tanker y que tampoco estableció ningún tipo de indicios de responsabilidad penal contra algún funcionario.
Dijo que no solo la Contraloría no sugirió finalizar el contrato, sino que una asambleísta interpelante, a través de un informe de la comisión que preside, sugirió continuar con la relación entre Flopec y Amazonas Tanker. Aunque no pronunció su nombre, Lasso se refirió a la legisladora Mireya Pazmiño, del ala rebelde de Pachakutik (PK).
“Todo esto debería ser más que suficiente prueba de descargo”, aseveró el gobernante.
Por otro lado, apuntó que las empresas públicas son entidades autónomas y que el presidente de la República “no tiene injerencia ni interviene en la firma de contratos, ni en negociaciones de ningún tipo”.
En cuanto a las competencias que tiene el titular de la EMCO sobre las empresas públicas, Lasso señaló que el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas dispone que el directorio de dichas empresas sea dirigido por el presidente de la EMCO. Además apuntó que la conformación del directorio de la EMCO está establecida en el Decreto 1051 del 14 de mayo de 2020.
“Aquellas famosas reglas con las que se me acusaba de haber creado una especie de poder omnímodo, apocalíptico, en EMCO, pues resulta que ni siquiera las puse yo”, agregó el jefe de Estado.
Apuntó que el 23 de marzo de 2022 envió todo el expediente de Flopec y Amazonas Tanker a la Fiscalía. “Pero claro, los interpelantes no quieren ver esto. Y así ponen en evidencia su perverso sesgo”, comentó.
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