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El año 2026 inició con alta tensión geopolítica. El sábado 3 de enero, el mundo despertó con la noticia de una operación militar estadounidense en Venezuela, que incluyó ataques a objetivos estratégicos del régimen de Nicolás Maduro.
La intervención derivó en la captura del sucesor de Hugo Chávez y de su esposa, la diputada Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Estados Unidos y comparecerán ante la justicia de ese país. Maduro, quien gobernaba en medio de acusaciones de fraude electoral, enfrenta cargos por tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, al igual que su cónyuge.
El accionar del gobierno del presidente Donald Trump, quien incluso ha advertido con un segundo ataque contra la recientemente nombrada presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha generado interrogantes sobre las posibles repercusiones internacionales del conflicto, incluso en el ámbito deportivo.
La preocupación se centra en el Mundial de fútbol 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio y tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá. El debate surge a partir del antecedente de Rusia, país que fue vetado por la FIFA y la UEFA tras la invasión a Ucrania, lo que derivó en su exclusión del Mundial de Qatar 2022.
No obstante, expertos explican que la FIFA no toma decisiones basadas en la política exterior de los países anfitriones, sino en tres pilares jurídicos fundamentales:
Estatutos de la FIFA
Reglamento de la Copa Mundial
Contratos de sede (Host Country Agreements)
“Si un problema no afecta directamente a esos tres ámbitos, la FIFA tiene muy poco margen legal para actuar”, explica un periodista deportivo e integrante de la Academia Nacional de Historia del Ecuador.
Cuando un país recibe la sede de un Mundial, existen contratos jurídicamente vinculantes con la FIFA que incluyen garantías gubernamentales, cláusulas de indemnización multimillonaria, compromisos de seguridad, libre tránsito y protección legal para patrocinadores y delegaciones.
“La ruptura unilateral de esos contratos, sin una causa directa relacionada con el torneo, expondría a la FIFA a demandas muy cuantiosas. Por eso, retirar una sede es el último recurso y no una decisión política”, sostiene el analista.
De acuerdo con los estatutos del organismo rector del fútbol mundial, las sanciones a países solo se aplican cuando existe una relación directa con el fútbol, como interferencia gubernamental en federaciones, discriminación, incumplimientos graves o riesgos comprobados para la seguridad de la competencia.
“Solo escenarios extremos, como negarse a recibir selecciones, imponer restricciones migratorias incompatibles con la FIFA, fallas graves de seguridad o incumplimientos contractuales, podrían provocar el retiro de una sede. Una intervención militar en otro país, por sí sola, no cumple esos criterios”, aclara.
El Reglamento de la Copa Mundial se enfoca exclusivamente en la seguridad de jugadores, árbitros y aficionados, el acceso sin discriminación, las garantías logísticas y la neutralidad deportiva del torneo.
“Solo habría un problema real si alguna selección no pudiera ingresar a Estados Unidos, si existieran boicots oficiales que afecten el calendario o si se comprobara un riesgo objetivo para la seguridad del evento”, puntualiza el comunicador.
Añade que el conflicto no parece extenderse y que Venezuela, además, no participa en el Mundial, lo que elimina cualquier impacto deportivo directo.
“Ojalá el pueblo venezolano pueda vivir el Mundial en paz y con alegría. La FIFA incluso podría ceder gratuitamente los derechos televisivos del torneo a Venezuela como un gesto de reconciliación”, concluye el analista.
