Este jueves se desarrolló en Quitumbe, en el sur de Quito, la audiencia para resolver la acción de protección planteada por la asambleísta de la oficialista bancada Acción Democrática Nacional (ADN), Inés Alarcón, que reclamaba por la decisión de la Comisión de Fiscalización de archivar los procesos en contra del exministro de Finanzas, Pablo Arosemena; el exsecretario de la Administración, Sebastián Corral; y la extitular de la Secretaría de Educación Superior, Andrea Montalvo.
El juez de primera instancia, Edgar Romero Salazar, le dio la razón argumentando que se habían violado los derechos de los proponentes de los juicios políticos y disponiendo que se levante el archivo para que continúe el proceso de fiscalización.
El secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, aseguró este 22 de agosto que no solo no acatarán la sentencia del juez, sino que lo denunciarán ante el Consejo de la Judicatura (CJ) por supuesto error inexcusable y por posible prevaricato en instancias penales.
Muñoz explicó que no harán caso a la sentencia del juez Romero, no por un capricho, sino porque existe una sentencia, de mayor jerarquía, de la Corte Constitucional que señala que la justicia constitucional no puede ser usada para resolver temas políticos y que esa justicia no puede evitar, suspender o revisar la procedencia o conveniencia del inicio, trámite o resultado de un juicio político
Mientras país busca que los ex ministros de Guillermo Lasso sean procesados en el juicio político y no se pasen por encima de la ley en complicidad con el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, el secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz y miembro del PSC, busca evitar que estos procesos se reactiven en el Parlamento.
Es así que el secretario General de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, quien busca impunidad para los tres ex ministros, rechazó y calificó de “aberrante, arbitraria y corrupta” a la decisión del magistrado.
Alejandro Muñoz, además es hombre de confianza del presidente Henry Kronfle y el PSC, quien a título personal y en nombre de los asambleístas aseguró que el Legislativo no acatará dicha sentencia y buscará presentar acciones penales en contra del juez.
