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El Tribunal Penal de Tungurahua sentenció el 20 de diciembre al mayor de Policía, Walter León, y a su esposa, quienes estaban procesados por el delito de violencia sexual contra dos mujeres ocurrido en el sur de Ambato, en octubre de 2022.
Una mujer de 17 años y otra de 19 denunciaron el hecho una semana después, luego de perder el miedo y con la asesoría del Colectivo de Mujeres Ana de Peralta.
Con las pruebas de las investigaciones, la Fiscalía dictó prisión preventiva contra el oficial de Policía y su esposa el 5 de enero de 2023.
El mayor fue detenido en Esmeraldas, donde laboraba como jefe de la Unidad de Criminalística, mientras que su pareja huyó a Estados Unidos.
La pena es de 19 años de cárcel para el policía León y 29 años de prisión para la mujer. Según Maritza Gamboa, presidenta del colectivo, la mujer lleva la máxima pena porque sería la que organizó la fiesta y el encuentro sexual, sin el consentimiento de las jóvenes afectadas.
El hecho ocurrió el 31 de octubre de 2022, en un domicilio ubicado en el sector de Huachi Loreto, en el barrio Miñarica 2, sur de Ambato. Katerine Barklay, esposa del oficial de Policía, impartía clases de arreglo de uñas en su estética.
En el fin del curso, como parte de la celebración que coincidía con Halloween, la organizadora pidió una cuota de USD 15 para la comida y bebida.
También habría solicitado que llevaran complejo B, vitamina C y jeringuillas para recibir una clase de primeros auxilios e inyectología, que su pareja les iba a impartir “gratis”.
En la noche cenaron, jugaron cartas, bebieron alcohol y bailaron. El oficial les brindaba licor de manera constante e insistente.
Cuando el tequila se terminó, brindó a las jóvenes un licor de dudosa procedencia de color café y rosado. Después perdieron la conciencia y el oficial habría llevado a las otras asistentes a sus casas.
Pero a las dos las llevaron hasta el cuarto de la hija, quien no estaba en casa ese día, mencionaron las afectadas durante el proceso de investigación.
Las víctimas aseguran que despertaron, pero que no se podían mover por los abusos.
Cuando lograron salir del domicilio, acudieron temerosas a diferentes casas de salud para que les practicaran los respectivos exámenes, de los cuales se desprendieron dos investigaciones: una por violación y otra por abuso sexual.
Las jóvenes temían por su seguridad y no denunciaron, pero después buscaron ayuda en el Colectivo Ana de Peralta, quienes las motivaron a no callar hasta conseguir justicia.
