El Gobierno ecuatoriano implementó un nuevo reglamento penitenciario que introduce medidas más estrictas de control dentro de los centros de privación de libertad.

Entre los principales cambios, se establece la supervisión de las comunicaciones de los presos, incluyendo llamadas telefónicas y otros mecanismos de contacto, como parte de una estrategia para frenar actividades delictivas desde las cárceles.

Además, los privados de libertad deberán llevar un registro mensual obligatorio de sus actividades laborales, lo que permitirá a las autoridades tener mayor control sobre su comportamiento y procesos de rehabilitación.

Estas disposiciones se dan en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país, donde las cárceles han sido señaladas como centros de operación de organizaciones criminales.

El objetivo del reglamento es recuperar el control del sistema penitenciario y reducir la influencia de bandas delictivas dentro de los centros carcelarios.