“Se están muriendo”, grita un hombre con un megáfono en las afueras de una cárcel de Ecuador. La escena resume la desesperación de familiares de decenas de presos que han fallecido por enfermedades, cuchilladas o balas en un sistema penitenciario colapsado, militarizado y sin visitas familiares.
En el marco de la política de mano dura contra el crimen impulsada por el presidente Daniel Noboa, el control de las cárceles fue reforzado con la presencia de militares y severas restricciones. Sin embargo, Human Rights Watch advierte que se trata de un “sistema fallido”, donde las muertes de personas privadas de libertad aumentaron 137 % entre 2024 y 2025.
Muertes por enfermedad y violencia
En la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, una de las cárceles más grandes y hacinadas del país, alrededor de 600 reclusos habrían fallecido este año por falta de atención médica, principalmente a causa de enfermedades, según el Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH).
El centro penitenciario enfrenta condiciones críticas: sobrepoblación, aguas negras que desbordan las alcantarillas y escaso acceso a servicios de salud.
“Cuando llegué a la morgue encontré a mi hijo encima de más de cinco cadáveres. Estaba en puro huesito, lleno de golpes”, relata a la AFP Benigna Domínguez, madre de Santiago Hidalgo, un joven de 29 años que murió de tuberculosis tras siete meses detenido sin sentencia por microtráfico.
A estas muertes se suman los enfrentamientos violentos entre bandas criminales. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 663 reclusos han fallecido en hechos violentos desde 2020 en el sistema penitenciario ecuatoriano.
“esto es un infierno”
Ana María Pin recuerda la última llamada de su hijo: “Mami, ayúdame que me estoy muriendo. Sácame de aquí, esto es un infierno”. El joven aún vive, pero se encuentra en estado crítico por tuberculosis. Solo en noviembre, diez presos murieron por esta enfermedad en la Penitenciaría del Litoral.
La AFP solicitó información a la autoridad penitenciaria, pero no obtuvo respuesta.
Militarización y denuncias de abusos
Las cárceles se han convertido en el eje de la política anticrimen del Gobierno. Noboa incluso inauguró una megacárcel inspirada en el modelo de El Salvador, a donde trasladó a los presos considerados más peligrosos.
Las imágenes de reclusos de rodillas, con uniformes naranjas y cabezas rapadas, fueron difundidas por el propio mandatario, quien respondió a las críticas afirmando: “Ya empezarán con la quejadera”.
No obstante, organizaciones de derechos humanos cuestionan que la represión no haya reducido la violencia. Ecuador cerrará el año con la mayor tasa de homicidios de América Latina, con 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
Activistas denuncian golpizas, restricción de alimentos y agua, y condiciones inhumanas para los presos enfermos. “Es una forma de castigo que también afecta a los familiares”, señala Ana Morales, cuyo hijo murió en un motín carcelario en 2021.
Hacinamiento y falta de sentencias
Las cárceles ecuatorianas tienen capacidad para 26.800 personas, pero albergan a más de 35.000, según cifras oficiales. Del total, un 30 % no tiene sentencia, y la mayoría enfrenta procesos por delitos relacionados con narcotráfico.
Desde enero de 2024, las visitas familiares están suspendidas en la mayoría de centros penitenciarios, con el argumento de evitar el ingreso de armas y drogas.
“Se está configurando un delito de lesa humanidad contra los presos”, advierte Billy Navarrete, del CDH.
“Queremos abrazar a nuestros hijos, los queremos vivos”, suplica Kathy Romero, quien acude cada semana a la cárcel con la esperanza de entregar medicinas o alimentos.
