Asamblea inicia fiscalización a CNEL por red de corrupción que habría causado pérdidas millonarias
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional inició un proceso de fiscalización y control político a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), en medio del escándalo por una presunta red de corrupción dentro de la empresa pública.
La decisión fue adoptada por la mesa legislativa tras denuncias que apuntan a la existencia de una estructura organizada que habría operado durante años dentro de la institución, afectando el manejo de recursos del sector eléctrico.
Como parte del proceso, los legisladores solicitarán información técnica y administrativa a las entidades involucradas, además de convocar a comparecer a funcionarios y autoridades que tengan relación con el caso.
El objetivo es esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y evaluar el alcance de las irregularidades detectadas en la empresa estatal encargada de la distribución eléctrica en varias provincias de la Costa.
Uno de los puntos más críticos del caso es el impacto económico. Según estimaciones preliminares, la presunta red de corrupción habría provocado un perjuicio cercano a los 300 millones de dólares al Estado ecuatoriano.
La Comisión advirtió que, debido a la gravedad del caso y su impacto en la ciudadanía —especialmente por los recientes reclamos de usuarios por planillas elevadas—, se ejercerá un control político riguroso sobre la gestión de CNEL.
Este proceso se desarrollará en las próximas semanas e incluirá recopilación de información, análisis técnico y comparecencias clave dentro del Legislativo.
El caso CNEL ha generado una fuerte reacción pública, ya que se vincula directamente con irregularidades en la facturación eléctrica, lo que ha afectado tanto a ciudadanos como a sectores productivos.
La fiscalización desde la Asamblea marca un nuevo nivel en la investigación, trasladando el caso del ámbito operativo y judicial hacia el control político, lo que podría derivar en sanciones administrativas o reformas estructurales en la empresa.
Este escándalo se consolida como uno de los más relevantes en el sector energético del país, con implicaciones económicas, institucionales y sociales que siguen en desarrollo.
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