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La mañana de este miércoles generó un fuerte contraste entre la Fiscalía y el movimiento Revolución Ciudadana tras operativos de allanamiento en varios inmuebles vinculados a personas cercanas al correísmo, incluidos dirigentes políticos y excandidatos presidenciales.
Uno de los allanamientos se realizó en la residencia de Luisa González, exaspirante presidencial por el movimiento correísta, como parte de la investigación denominada caso “Caja Chica”, en la que se indaga presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos vinculada al financiamiento de campañas electorales.
Las reacciones políticas de respaldo y rechazo fueron inmediatas entre los líderes y militantes de RC. El expresidente Rafael Correa a través de sus redes sociales calificó la acción como una actuación arbitraria e incluso señaló que las denuncias surgieron a partir de una denuncia con reserva de identidad de la cual no tenían conocimiento, mencionando a varios investigados incluyendo a Andrés Aráuz, Patricio Chávez y Suad Manssur.
Otras figuras influyentes del correísmo también se manifestaron públicamente. La abogada Sonia Vera, vinculada al entorno de Jorge Glas, cuestionó la gestión del fiscal encargado del caso, atribuyendo su designación a influencias internas y criticando la credibilidad del procedimiento.
Paola Pabón, prefecta de Pichincha, expresó solidaridad con las personas afectadas y subrayó que, mientras el país requiere atención en temas como seguridad, el Gobierno prioriza lo que consideró una “agenda política”.
La actual presidenta de Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, también se sumó al rechazo, calificando el allanamiento como una acción que busca “intimidar” y acusando al sistema judicial de utilizar la justicia con fines políticos contra los adversarios.
Según lo informado por la Fiscalía, el operativo incluyó allanamientos en tres inmuebles de Pichincha y uno en Guayas en el marco de la investigación por presunta delincuencia organizada y lavado de activos, sospechándose el ingreso de dinero ilícito desde el extranjero para financiar actividades electorales.
Hasta el momento no se han registrado detenciones oficiales asociadas a estos allanamientos, y la Fiscalía continúa con el proceso de recopilación de indicios y evidencias que permitan avanzar con la investigación conforme a la ley.
