Ley de Transparencia Social acumula siete demandas de inconstitucionalidad y mantiene en alerta a organizaciones civiles

Desde su entrada en vigencia, el 28 de agosto de 2025, la Ley de Transparencia Social ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones de la sociedad civil, que advierten sobre riesgos de persecución, control excesivo y restricción a la libertad de asociación.

La normativa fue la cuarta ley económica urgente enviada por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional y fue aprobada con 78 votos del oficialismo —Acción Democrática Nacional (ADN)— y aliados. Actualmente, enfrenta siete demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional (CC).

Ante la falta de un pronunciamiento, doce organizaciones y fundaciones, entre ellas Fundamedios, Fundación Periodistas Sin Cadenas, Fundación Ecuatoriana por la Equidad Ñeque y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), solicitaron formalmente a la CC que se pronuncie sobre la admisibilidad de las acciones, a fin de garantizar el cumplimiento de los plazos legales y el derecho a la tutela judicial efectiva. El pedido fue presentado el 12 de diciembre de 2025.

Facultades cuestionadas

Entre sus disposiciones, la Ley de Transparencia Social contempla el congelamiento de fondos de organizaciones sociales con base en reportes de operaciones sospechosas, elaborados por el Servicio de Inteligencia y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Además, establece la vigilancia y auditoría por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la clasificación de riesgo de las organizaciones (bajo, medio o alto) y su registro obligatorio en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones (Suios).

Aunque la ley señala expresamente que “ninguna medida de control, supervisión o intervención podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política o restricción arbitraria a la libertad de asociación”, organizaciones denunciaron que durante los 31 días del paro indígena varias de ellas sufrieron el congelamiento de sus cuentas bancarias, sin explicaciones claras y con base en informes reservados.

En algunos casos, estas acciones derivaron en acciones de protección que fueron resueltas favorablemente para las organizaciones afectadas.

Persisten los temores

Mientras la Corte Constitucional guarda silencio, la ley sigue en vigor, lo que mantiene en alerta a fundaciones y ONG ante un posible nuevo bloqueo de cuentas.

La organización Alianza Ceibo expresó que se mantiene vigilante “ante el riesgo de que este tipo de arbitrariedades se repitan”, especialmente por la falta de pronunciamiento de la CC. La fundación —que representa a cuatro nacionalidades amazónicas— recordó que, pese a haber ganado una acción de protección en noviembre de 2025, algunas cuentas de la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco continúan bloqueadas.

Desde la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, su coordinadora Vivian Idrovo advirtió que la normativa utiliza de forma abusiva estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para perseguir a defensores de derechos humanos, organizaciones sociales e incluso colectivos indígenas.

Idrovo también cuestionó las cargas administrativas y económicas excesivas que impone la ley, las cuales —dijo— dificultan el normal funcionamiento de las organizaciones. “Es un momento crítico para la defensa de derechos y para la sociedad civil”, enfatizó.

Por su parte, desde Cepam se señaló que la ley ha reforzado el control de entidades como la UAFE y el Ministerio de Gobierno, lo que, a su criterio, busca monopolizar el acceso a la cooperación internacional.

Cumplimiento parcial de la normativa

Algunas organizaciones aseguran cumplir con las exigencias de la ley. Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, indicó que la entidad ya está registrada en el Suios y que su información es pública.

En la misma línea, Tarsicio Granizo, director de WWF Ecuador, afirmó que la organización cumple anualmente con todos los estándares de transparencia y realiza reportes mensuales a la UAFE y al Servicio de Rentas Internas (SRI).

No obstante, Human Rights Watch (HRW) expresó su preocupación por el congelamiento de cuentas a organizaciones indígenas y ambientalistas, basado en informes secretos de inteligencia. En un comunicado emitido el 9 de diciembre, la ONG señaló que entrevistó a 16 personas afectadas, quienes denunciaron el bloqueo arbitrario de sus fondos.

A la espera del fallo constitucional

Las demandas de inconstitucionalidad se encuentran actualmente en los despachos de los jueces Raúl Llasag, Karla Andrade, José Luis Terán, Richard Ortiz y Jhoel Escudero. De ser admitidas, tanto las organizaciones demandantes como la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República deberán exponer sus argumentos.

El fallo podría derivar en la declaratoria de inconstitucionalidad total o parcial de la ley, o en la desestimación de las demandas, en una decisión que será clave para el futuro de la sociedad civil organizada en Ecuador.