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Las Fuerzas Armadas tendrán amparo legal en caso de usar armas letales

Entre los cambios que plantea la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, están incluir a las Fuerzas Armadas en las entidades que tendrán amparo legal cuando usen armas letales, es decir:

«… ante amenaza inminente de muerte o lesiones graves de terceras personas o de la servidora o servidor…»

En el caso de que alguien pudiera acusarlos de uso indebido de la Fuerza, la ley les garantiza:

«… patrocinio institucional por parte de profesionales del derecho de su respectiva entidad…»

La Fiscalía deberá contar con una Unidad Especializada para la investigación de casos donde se hayan producido lesiones o muerte causadas por la Policía o Fuerzas Armadas, y en el caso de los jueces la ley les pide que procuren que en:

«…en las investigaciones por uso indebido de la fuerza, la servidora o servidor pueda defenderse en libertad utilizando medidas alternativas a la prisión».

Esta norma se conecta con otra aprobada recientemente sobre la seguridad integral que confirma la facultad de los militares de en cualquier momento y lugar del país realizar controles de armas y explosivos como parte de las labores de seguridad.

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A lo que la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza incorpora que con ese mismo fin de control pueden ingresar al interior de los Centros de Rehabilitación, esto sin necesidad de un estado de excepción.

Además, las dos normas ratifican la coordinación que en temas de seguridad deberán tener Policía y Fuerzas Armadas bajos sus respectivas competencias constitucionales.

El reglamento para el uso legítimo de la fuerza respalda el accionar de las fuerzas del orden

El Reglamento a la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, según indicó el presidente Guillermo Lasso, es para respaldar el accionar de las fuerzas del orden y precautelar la seguridad ciudadana.

La suscripción del instrumento se suma a otras acciones que ya implementa el Gobierno para la seguridad del país. El pasado 27 de abril, el COSEPE resolvió declarar al terrorismo como una amenaza que atenta contra el Estado y su seguridad integral.

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