Radio
Los niveles de violencia en Ecuador han marcado estadísticas sin precedentes, con una fuerte concentración en provincias de la franja costera y una expansión hacia jurisdicciones donde antes no se registraban mayores incidentes delictivos.
El ministro del Interior, John Reimberg, informó que en 2025 se registraron alrededor de 2.300 homicidios intencionales, a la espera de la publicación de las cifras oficiales consolidadas. Sin embargo, los registros parciales ya reflejan una escalada alarmante: solo entre enero y finales de noviembre el país alcanzó 8.393 homicidios intencionales, superando el récord de 2023, cuando se contabilizaron 8.248 casos.
De manera paralela, la Fiscalía General del Estado acumuló 9.464 denuncias por asesinato durante todo el 2025. Según los registros oficiales, los hechos violentos se concentraron principalmente durante los fines de semana, con 810 homicidios ocurridos en las tardes de sábado y domingo, y 1.036 en las noches, sumando 1.846 casos en esos periodos.
Provincias y cantones más violentos
De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, el listado de ciudades con mayor número de homicidios intencionales lo encabezan Guayaquil (2.322), Durán (506), Manta (363), Machala (347), Portoviejo (314), Babahoyo (276), Quito (240) y Esmeraldas (230).
Por provincias, la violencia se distribuyó de la siguiente manera: Guayas (3.771 homicidios), Los Ríos (1.167), Manabí (1.162), El Oro (708), Esmeraldas (322), Pichincha (285) y Santa Elena (212).
En Guayas, los cantones más afectados fueron Guayaquil, Durán, Naranjal, Daule y Playas; en Manabí, Manta, Portoviejo, Montecristi, Sucre, Pedernales y Chone; en Los Ríos, Babahoyo, Buena Fe, Puebloviejo y Quevedo; mientras que en El Oro, Machala, Santa Rosa, El Guabo y Pasaje concentraron la mayor incidencia.
Reconfiguración criminal y disputas territoriales
Desde el Gobierno nacional se ha informado sobre la ejecución de múltiples operativos que dejaron alrededor de 70.000 detenidos, incluida la captura de una veintena de cabecillas de organizaciones delictivas. No obstante, expertos coinciden en que el país atraviesa una reconfiguración criminal, marcada por fracturas internas de las bandas y disputas violentas por el control territorial.
El experto en seguridad Javier Gutiérrez explicó que la violencia predomina en la Costa por factores estructurales como la cercanía a rutas del narcotráfico, la presencia de puertos estratégicos, la convivencia entre economías legales e ilegales, la deserción escolar, el desempleo juvenil y un control estatal que ha llegado a su límite.
“La dinámica social alrededor de los puertos está profundamente afectada; tener un puerto es una oportunidad económica, pero también un riesgo frente a la criminalidad transnacional”, advirtió.
Gutiérrez señaló que estas disputas no solo afectan a grandes ciudades, sino también a pequeñas localidades donde los grupos criminales buscan financiarse mediante actividades como la minería ilegal, generando múltiples víctimas, incluidos ciudadanos y autoridades locales.
Por su parte, Jean Paul Pinto, también experto en seguridad, indicó que los territorios costeros y fronterizos resultan atractivos para las organizaciones criminales por la posibilidad de ejecutar actividades irregulares vinculadas al transporte, almacenamiento de droga, extorsión y otros delitos. Añadió que la expansión territorial de las bandas responde a una lógica de mayor control y rentabilidad criminal.
Pinto cuestionó la efectividad de las estrategias actuales y sostuvo que, pese al número de operativos, persiste una percepción de ineficiencia al mantenerse altos los índices de violencia, lo que ubica a Ecuador en rankings internacionales negativos.
Propuestas para enfrentar la violencia
Los expertos coincidieron en que no bastan intervenciones aisladas y plantearon la necesidad de un control territorial permanente, coordinado entre fuerzas del orden, gobiernos locales, instituciones públicas, sector privado y organizaciones sociales.
Gutiérrez enfatizó la importancia de atacar las finanzas del crimen organizado mediante el trabajo conjunto de entidades de control financiero, inteligencia policial, municipios, Contraloría y un marco legal adecuado, acompañado de una actuación más efectiva del sistema de justicia.
Asimismo, propuso intervenciones focalizadas basadas en mapas del crimen y advirtió que, sin una estrategia integral, el país corre el riesgo de fragmentarse en territorios controlados por grupos criminales.
Pinto, en tanto, insistió en la implementación de un plan integral de seguridad que incluya cooperación internacional y un enfoque de desarrollo. Explicó que la estrategia debe contemplar tres fases: ingreso de la fuerza pública para recuperar el control, permanencia del Estado con políticas sociales y, finalmente, la participación del sector privado para generar oportunidades económicas y sociales.
