De los siete puntos de la resolución que tomó la Asamblea Nacional para rechazar la sanción administrativa a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, uno se concretó: proponer un enjuiciamiento político a la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, por una posible arrogación de funciones. Aunque esto podría tratarse por el nuevo pleno de asambleístas que sean elegidos tras los comicios generales del 9 de febrero de 2025.
Cuatro integrantes de la Asamblea Nacional ingresaron este 14 de noviembre de 2024 una solicitud de juicio político que tendría como ponentes a las asambleístas de Pachakutik (PK) Mariana Yumbay; de la Revolución Ciudadana (RC), Jahiren Noriega; del Partido Social Cristiano (PSC), Carla Cruz; y Cristina Chávez (independiente), suplente de César Umajinga, aunque este último es afín de la bancada de Gobierno (ADN).
Ellas habían reunido 44 firmas de las 35 que se requerían para hacer la solicitud.
Noriega y Yumbay anunciaron que esta interpelación se sustentaría en siete motivaciones, como que Núñez incumplió su deber de garante de los derechos constitucionales al haber emitido el acuerdo ministerial con el que se inició el sumario administrativo a Abad.
Además, incumplimiento de la publicidad en el procedimiento administrativo; inobservancia de instrumentos internacionales; irrespeto a las disposiciones constitucionales; irrespeto a la seguridad jurídica por arrogación de funciones; vulneración de garantía del debido proceso; y discriminación y violencia política de género.
“Daniel Noboa eligió a su binomio y, si ahora su Gobierno y ministros nos hablan de que hay desconfianza, pues, que se hagan cargo de haber elegido a esta persona. Lo que quedó demostrado es que Daniel Noboa no pensaba ganar y creyó que la figura de la vicepresidencia es decorativa, pero las mujeres no somos florero”, reprochó Noriega.
En septiembre, el Ministerio del Trabajo abrió un sumario administrativo en contra de Verónica Abad Rojas, atribuyéndole que incurrió en una falta grave contemplada en la Ley Orgánica de Servicio Público, como es haber abandonado el trabajo por tres días o más.
La sancionaron con una suspensión sin remuneración por 150 días, equivalente a cinco meses de su cargo como vicepresidenta de la República, según consta en la resolución.
El régimen alegó que Abad, en su asignación como embajadora de Ecuador en Israel, no cumplió con su traslado a Ankara (Turquía), debido al conflicto bélico en países del Medio Oriente, antes del 1 de septiembre, como se lo había dispuesto un viceministro de la Cancillería.
La segunda mandataria pidió a la Asamblea Nacional que se pronuncie sobre esta violación a la Constitución, y en una plenaria de este 13 de noviembre, con más de 80 votos de los asambleístas, se aprobó una resolución en la que rechazan el sumario administrativo. E incluyeron otros seis puntos como alternativas para resarcir este hecho.
Los más urgentes, enviar una acción de interpretación a la Corte Constitucional (CC) para que se pronuncie sobre varios artículos de la Constitución relacionados con el ejercicio de la Vicepresidencia y llamar a la ministra Ivonne Núñez al seno del Parlamento para que relate lo que pasó con Abad.
El asambleísta Otto Vera (PSC), vicepresidente del Legislativo, indicó que en las próximas horas se enviaría el documento a la Corte, aunque dependerá de cómo esté preparando el documento el equipo jurídico de la institución.
En tanto, espera que lo más pronto posible se convoque a Núñez a su pleno. Según Vera, hay unos diez días, después de aprobada la resolución, con ese efecto, pero es una atribución de la presidenta Viviana Veloz.
Un hecho similar ocurrió con la exministra del Ambiente Sade Fritschi, ahora candidata a asambleísta de ADN, cuando otorgó una licencia ambiental para la construcción de un conjunto habitacional en Olón (Santa Elena) a una empresa vinculada a la esposa de Noboa, Lavinia Valbonesi.
La Asamblea Nacional resolvió convocarla a comparecer al pleno para que explicara qué hizo. Hasta la fecha, ese evento no se dio.
En la bancada de Construye, Camilo Salinas explicó que la declaración del Parlamento es política, pero que sus afines evaluarán hasta el último detalle los argumentos que sustentarán este juicio político para evitar que, de llegar a sustanciarse, se incorporen otras causales.
El asambleísta aclaró que Construye no actúa en defensa de Abad, pero sí como una vicepresidenta que fue elegida en las urnas en las elecciones anticipadas de 2023.
Lucio Gutiérrez, asambleísta del Partido Sociedad Patriótica, hizo un llamado a la unidad nacional y a que las dos autoridades dialoguen para evitar que se ahonde la crisis política.
“El presidente y la vicepresidenta deberían dialogar y buscar soluciones a sus diferencias, y permitir que se haga la sucesión presidencial mientras el presidente Noboa está en la campaña electoral”, dijo Gutiérrez, quien consideró que el Gobierno actuó con base en cálculos políticos y estiró la ley para suspender por cinco meses a Abad.
A criterio del legislador del oficialismo Adrián Castro (ADN), el recurso que presentará la Asamblea ante la Corte sería el sustento del juicio político. “Lo uno depende de lo otro”, comentó.
Pero este juicio político no alcanzará a evaluarse en esta gestión legislativa, pues hay otras solicitudes en trámite y las elecciones generales de 2025 están en la víspera. En la lista de interpelaciones en espera de su tratamiento están:
Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El excanciller del gobierno de Guillermo Lasso, Gustavo Manrique.
El juez del TCE Fernando Muñoz.
La vocal del CPCCS Johanna Verdezoto.
En la coyuntura, está en conocimiento de la Comisión de Fiscalización una interpelación en contra de la exministra de Energía y Minas del mandato de Daniel Noboa, Andrea Arrobo.
A esto se suma que se aproxima una vacancia legislativa en las próximas semanas y por la campaña electoral para las elecciones generales de 2025, por lo que dentro de seis meses, cuando se instale el nuevo periodo legislativo 2025-2029, podría decidirse qué pasa con este nuevo pedido.
La asambleísta Mariana Yumbay reconoció que esto tomará su tiempo, pero quienes asuman el cargo deberán tramitarlo y observar los incumplimientos constitucionales que se produjeron en este conflicto interno del Gobierno de Daniel Noboa Azín, aseveró.
