El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, presentó una acción de protección contra el presidente Guillermo Lasso. Este hecho ocurrió este lunes 3 de abril del 2023.
El objetivo de presentar ese recurso jurisdiccional es exigir al Primer Mandatario la “asignación del presupuesto suficiente para que la Función Judicial pueda garantizar a los ciudadanos el servicio de justicia”.
La acción de protección también fue presentada contra el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena; y, el procurador del Estado, Juan Carlos Larrea.
Según Terán, la Función Judicial tiene un déficit presupuestario de más de USD 265,6 millones. De esa cantidad, “USD 92,9 millones corresponden a proyectos de inversión relacionados con la transformación tecnológica de la justicia, repotenciación de la infraestructura física y modernización del sistema de las notarías”.
Además, David Guzmán, director general del CJ, explicó que la falta de presupuesto “vulnera el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a un servicio de justicia, eficiente y oportuno”.
El funcionario también señaló que “los continuos recortes presupuestarios que se han ejecutado desde el Ministerio de Finanzas, han afectado a la seguridad jurídica del país, a la autonomía de la Función Judicial”.
El déficit de jueces
Según la Judicatura, actualmente existe un déficit de 692 jueces a escala nacional en todas las instancias jurisdiccionales.
En el país existen 1 978 jueces, es decir que la tasa por cada 100 000 habitantes, es de 11 jueces. “Esa cifra está por debajo de lo que se alcanzó en 2015, cuando la tasa era de 12,8 magistrados”, indicó esa entidad.
Para Terán, la reducción de recursos económicos perjudica también a la gestión de citaciones, pues no existe el suficiente personal y vehículos para que la Función Judicial pueda cumplir con esta tarea. Solo en Quito, existen 17 777 citaciones pendientes.
Además, el Presidente del CJ dijo que existe un déficit de USD 77,3 millones necesarios para que el Consejo de la Judicatura pueda cubrir las vacantes de jueces, conjueces, secretarios, ayudantes judiciales, gestores de archivo, citadores, etc.
“La falta de recursos también provoca que no se haya podido ejecutar nuevos concursos para nombrar jueces y fiscales, ni tampoco los procesos de evaluación de los servidores judiciales a escala nacional. Para cumplir con estas tareas, se requiere más de USD 31 millones”, añadió.
Incluso se requieren USD 46,8 millones para cubrir los costos de operatividad de la Función Judicial, por ejemplo, la compra de insumos de oficina, bienes, arriendos, mantenimiento, repuestos, accesorios, seguros, servicios generales, combustibles, vehículos, entre otros.
