Una presunta red de corrupción dentro de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) manipuló facturas eléctricas durante más de una década, generando millonarias pérdidas al Estado ecuatoriano.

Según reveló el Gobierno, este esquema ilegal permitió reducir el valor de las planillas de luz hasta en un 80% del consumo real, beneficiando a miles de usuarios.

De acuerdo con las investigaciones, cerca de 400.000 clientes habrían sido favorecidos por esta red, de los cuales el 40% corresponde a sectores industrial y comercial, incluyendo empresas que pagaban mucho menos de lo que realmente consumían.

El mecanismo operaba a través de dos modalidades principales. La primera consistía en alterar las lecturas de consumo: técnicos registraban los datos reales, pero luego funcionarios intervenían el sistema para reducir los valores antes de emitir las facturas.

La segunda modalidad se ejecutaba mediante el sistema de reclamos. En estos casos, tras una negativa inicial basada en el consumo real, las deudas eran posteriormente eliminadas en instancias superiores, permitiendo que ciertos usuarios eviten el pago total.

Las autoridades estiman que esta estructura de corrupción operó durante alrededor de 11 años, provocando un perjuicio económico cercano a los 300 millones de dólares para el Estado.

Solo en 2025 se refacturaron 48 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 27,9 millones no tendrían justificación, mientras que en los primeros meses de 2026 ya se detectan nuevos montos irregulares.

El caso también ha dejado dudas en la ciudadanía, ya que pese a la magnitud del escándalo, decenas de funcionarios señalados aún no han sido detenidos ni separados de sus cargos, lo que ha generado cuestionamientos sobre el avance de las investigaciones.

Además, se investiga la posible participación de grandes empresas como beneficiarias directas del esquema, lo que ampliaría el alcance del caso más allá de funcionarios públicos.

Este escándalo ha provocado una crisis en el sistema eléctrico, evidenciada también en reclamos masivos por cobros elevados tras la intervención estatal, lo que refleja el impacto directo de estas irregularidades en los usuarios.

El caso CNEL se perfila como uno de los mayores escándalos de corrupción en el sector energético del país, con implicaciones económicas, políticas y sociales que aún están en desarrollo.