Gobierno revela la ruta de los $ 104 millones pagados a Progen y advierte dificultades para recuperarlos

El Gobierno Nacional dio a conocer nuevos detalles sobre el recorrido de los $ 104 millones que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) pagó a la empresa estadounidense Progen dentro de los contratos para la instalación de generación eléctrica durante la crisis energética de 2024.

Según la información presentada por la Secretaría General de la Administración Pública, el rastreo financiero fue posible gracias a la cooperación internacional y al trabajo realizado por el bufete estadounidense Greenberg Traurig, contratado por Ecuador para impulsar las acciones legales en Estados Unidos.

De acuerdo con los hallazgos, los fondos transferidos por Celec fueron distribuidos rápidamente a múltiples empresas y personas. El informe señala que el dinero no permanecía más de una semana en las cuentas de Progen y que al menos 29 compañías recibieron recursos directamente desde la empresa contratista.

Las investigaciones también identificaron movimientos de dinero hacia varios países, entre ellos China, México, Suiza y Ecuador, lo que complica los esfuerzos para recuperar los recursos presuntamente comprometidos. Los abogados que asesoran al Estado advirtieron que una parte importante de los fondos ya habría sido gastada y que los procesos de recuperación internacional suelen ser largos, costosos y de resultado incierto.

Además, el informe señala que se han identificado bienes por aproximadamente $ 7,5 millones, una cifra considerablemente inferior al monto total que busca recuperar el Estado ecuatoriano.

Por otro lado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) informó que detectó indicios de posibles irregularidades y presuntas operaciones relacionadas con lavado de activos, información que ya fue remitida a la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.

El caso Progen se mantiene bajo investigación tanto en Ecuador como en Estados Unidos. Celec ha ampliado su demanda ante la justicia estadounidense contra varias empresas y personas vinculadas a la operación, con el objetivo de determinar responsabilidades y recuperar los recursos públicos comprometidos.

Las autoridades sostienen que continuarán las acciones judiciales nacionales e internacionales para esclarecer el destino de los fondos y establecer las responsabilidades derivadas de los contratos fallidos que, según la Fiscalía, habrían ocasionado un perjuicio millonario al Estado.