El Gobierno de Ecuador adelantó el inicio del proceso de compra directa de 20.000 toneladas de arroz, que ahora comenzará el próximo 4 de mayo de 2026, como parte de una estrategia para apoyar a pequeños y medianos productores.
La medida será ejecutada a través del Ministerio de Agricultura, bajo la coordinación del ministro Juan Carlos Vega, y busca dinamizar el mercado arrocero nacional.
Compra sin intermediarios
El plan contempla la adquisición de arroz directamente a los productores, eliminando intermediarios como piladoras, lo que permitiría:
- Garantizar precios más justos
- Evitar abusos en la cadena de comercialización
- Asegurar liquidez inmediata para agricultores
Este mecanismo ya había sido anunciado previamente por el presidente Daniel Noboa como una de las mayores compras estatales en el sector agrícola.
Inicio del proceso
Inicialmente previsto para fechas posteriores, el Gobierno decidió adelantar el cronograma y fijar el arranque para el 4 de mayo, en medio de presiones del sector arrocero por la caída de precios y dificultades para vender su producción.
Apoyo al agro ecuatoriano
La compra forma parte de una política más amplia del Ejecutivo para fortalecer el agro, en un contexto donde los productores han solicitado mayor intervención estatal.
El programa contempla:
- Compra de grandes volúmenes de arroz
- Apoyo directo a asociaciones agrícolas
- Impulso a la producción nacional
Según el Gobierno, esta será una de las mayores adquisiciones realizadas de forma directa a productores en el país.
Contexto del sector
El sector arrocero ha enfrentado dificultades en los últimos meses, principalmente por:
- Caída de precios
- Problemas de comercialización
- Dependencia de intermediarios
Frente a esto, la compra estatal busca estabilizar el mercado y garantizar ingresos para los agricultores.
La adquisición de arroz forma parte de una estrategia para fortalecer la seguridad alimentaria en Ecuador y evitar distorsiones en el mercado agrícola. El Gobierno busca posicionarse como un comprador directo para proteger a los productores frente a prácticas consideradas abusivas.
