Pese a que el conjuez nacional Luis Adrián Rojas rechazó dos escritos en los que se incluían pedidos de diferimiento, uno de ellos hecho por el abogado del expresidente Lenín Moreno, el magistrado no instaló la diligencia y notificó verbalmente a las partes procesales que lo haría mañana viernes 3 de marzo, a las 09:00, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
“Siendo un juez garantista me haré eco de aquellos petitorios para que no se diga después que estamos profanando el libre derecho de defensa, para que no se pretenda manifestar luego que estamos proscribiendo ese derecho a la defensa. Invito a todos ustedes a actuar bajo los principios de buena fe y lealtad procesal. No se siga buscando un artificio o un abuso del derecho para pretender luego alguna nulidad de la causa”, señaló Rojas luego de criticar lo que para él eran “dilaciones innecesarias” y “argucias para dilatar un proceso”.
Para la tarde de este jueves se convocó a la audiencia de formulación de cargos por el delito de cohecho contra 37 personas, entre ellas, el expresidente Moreno, su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno, dos de sus hermanos, Guillermo y Edwin Moreno Garcés, y dos cuñadas. Inicialmente la diligencia fue convocada para las 08:00 de este jueves 2 de marzo, pero se trasladó para la tarde acogiendo parcialmente el pedido de la defensa del ex primer mandatario.
La Fiscalía sostiene que entre 2009 y 2018 la estructura de corrupción investigada alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, la cual estaría conformada por 37 personas, habría desarrollado acciones ilícitas que generaron un cohecho estimado en $ 76 millones o el equivalente al 4 % de la obra contratada por la empresa china Sinohydro por $ 1.979 millones.
La fiscal Diana Salazar ha explicado que los $ 76 millones fueron entregados como comisión por la suscripción del contrato con Sinohydro. Ella reconoce que la investigación arrancó con una cifra menor relacionada con el círculo cercano del expresidente Moreno, pero aclara que la cifra cambió ya que se fue al origen de esos fondos, es decir, a quien transfirió los recursos a esa cuenta de Balboa Bank.
David Meza, abogado de Moreno, catalogó de sano el que se haya diferido la audiencia, pues así se estaría respetando el debido proceso. Ante la posibilidad de que la fiscal Salazar pueda pedir como medida cautelar la prisión preventiva del expresidente, el defensor resalta que su cliente al momento está en Paraguay como comisionado oficial para la Organización de Estados Americanos y eso es público y notorio.
Además, Meza cree que no procede la prisión preventiva en este caso por dos condiciones de vulnerabilidad que mantiene Lenín Moreno: posee una discapacidad y el 19 de marzo cumple 70 años de edad. “Es imposible que se sustente un pedido así, pues no caeríamos en un tema ilegal, sino en un tema inhumano, que está prohibido inclusive por la Constitución”.
Lenín Moreno, exfuncionario público a quien se lo procesa por acciones cometidas cuando fue vicepresidente de Rafael Correa, asistió a la fallida diligencia usando la vía telemática, así como lo hicieron otras de las personas que aparecen en la lista a ser investigadas por la Fiscalía y abogados defensores.
