La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado este 12 de abril del 2023 para expresar su postura sobre el concurso para designar a nuevos fiscales, que le compete al Consejo de la Judicatura.
La institución presidida por Diana Salazar dice que respeta las competencias de todas las instituciones del Estado.
En relación al concurso interno de oposición y méritos, impugnación ciudadana y control social para la designación de fiscales provinciales, es necesario que se desarrolle un proceso previo para la recategorización de fiscales. Este proceso no se ha realizado desde el 2015, señala la Fiscalía.
El comunicado se difundió tras conocer “por medio de redes sociales que, en el concurso para fiscales provinciales, únicamente se consideraría a los agentes fiscales de categoría 3 y se dejaría de lado a los de las categorías 1 y 2”.
La Fiscalía considera prudente que se realice el proceso de recategorización para no vulnerar el principio de igualdad de oportunidades de los funcionarios. Ellos “han esperado esta opción de crecimiento laboral desde hace ocho años”.
Espera que este proceso se realice de una manera adecuada, sin vulnerar los derechos de los funcionarios y respetando el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos.
Judicatura exige recursos para concursos
En sesión extraordinaria del 11 de abril, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la solicitud para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) conforme la Veeduría Ciudadana que vigilará el concurso para la designación de fiscales.
La solicitud de conformación de la veeduría será remitida al Cpccs por la Dirección General de la Judicatura. Pero eso no significa que se dé inicio al concurso. Se trata de una acción previa para fortalecer la transparencia en este tipo de procesos, aclaró la entidad dirigida por Wilman Terán.
Desde el 3 de abril, la Judicatura argumentaba que, por la falta de recursos, no se ha podido ejecutar nuevos concursos para nombrar jueces y fiscales, ni tampoco los procesos de evaluación de los servidores judiciales a escala nacional. Para cumplir con estas tareas, la Función Judicial requiere más de USD 31 millones de dólares.
Es uno de los motivos que sustentan la acción de protección presentada por Terán contra el presidente Guillermo Lasso, el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena; y el procurador del Estado, Juan Carlos Larrea. Exige la asignación del presupuesto suficiente para que la Función Judicial. Aún no existe una resolución sobre el recurso, la audiencia se desarrolló el 11 de abril.
La Judicatura sostiene que durante el periodo entre 2013 y 2022 Finanzas entregó un total de USD 4298 759 881,96 dólares. De este monto, en promedio se devengó el 96,91%. Asegura que solo el 3,09% de esos recursos (USD. 141’252.282) no se ejecutó por cuestiones procedimentales.
