Un exjefe de inteligencia militar será enjuiciado bajo la acusación de graves violaciones a los derechos humanos al presuntamente haber detenido ilegalmente a cuatro refugiados colombianos en 1995, informó la Fiscalía en un comunicado.
Los colombianos fueron incomunicados y torturados durante cinco días para intentar que se declararan culpables de planificar un atentado contra el entonces presidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998).
Un juez penal resolvió llevar a juicio al excomandante militar de inteligencia, Lenin A. O., como presunto autor mediato. Esto, tras la acusación presentada por la Fiscalía, que presentó más de 70 elementos de convicción.
El magistrado mantuvo en libertad condicional al procesado, con presentaciones periódicas ante el juzgado, y ordenó la retención de sus cuentas bancarias por el valor de la multa correspondiente.
Los hechos se remontan al 18 de agosto de 1995, cuando cuatro colombianos con estatus de refugiados fueron detenidos ilegalmente en Quito por militares de Inteligencia, bajo órdenes y mando del entonces comandante teniente coronel de Estado Mayor, Lenin A. O.
Uno por uno fueron extraídos de sus domicilios y lugares de trabajo y detenidos sin una orden expedida por autoridad competente ni incurrir en un hecho flagrante.
De acuerdo al expediente de la Fiscalía, los militares los trasladaron a las instalaciones del Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar. Ahí “habrían sido incomunicados en calabozos situados en la parte subterránea de las edificaciones”.
Ahí fueron interrogados por militares –en presencia y bajo la dirección de Lenin A. O.– y torturados de distintas formas para que se declaren culpables de planificar un atentado en contra de la vida del presidente colombiano de ese entonces, Ernesto Samper.
El exmandatario colombiano iba a participar en la novena Cumbre del Grupo de Río, del 1 al 5 de septiembre de 1995 en Quito.
Las torturas consistían en la aplicación de electricidad en el cuerpo, golpes, ahogamiento con la colocación de fundas plásticas con gas en la cabeza y sumersión.
Además, hubo amenazas de muerte a las víctimas y a sus familiares, amenazas de violación a las víctimas y sus familiares, desnudez obligada, simulación de ejecución, colocación de cal en los oídos y ojos, e ingesta de papel.
Al no lograr una autoinculpación, el 24 de agosto de 1995, Lenin A. O. entregó a las cuatro víctimas –Ramón Alirio P. V., Martha Cecilia S., César Guillermo D. G. y Chesman C. T.–, al Intendente General de Policía de Pichincha para que fueran expulsados del país, luego de que permanecieron cinco días detenidos, incomunicados y torturados.
Entre los elementos de convicción presentados por la Fiscalía está las pericias médico-legales, el informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los certificados que avalan el estatus de refugiados de las víctimas.
Se suman versiones del entorno social e informes emitidos por las agencias de Inteligencia Militar y Policía Nacional respecto a la detención de los agraviados. Primicias
