Esto establece el nuevo estado de excepción decretado por Daniel Noboa en Ecuador

El Gobierno Nacional emitió un nuevo decreto de estado de excepción con el objetivo de enfrentar la creciente violencia y la presencia de grupos de delincuencia organizada en varias zonas del Ecuador. La medida tendrá una duración de 60 días y se aplicará en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, además de los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.

El decreto suspende los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia en las jurisdicciones señaladas. Esto permitirá a la fuerza pública realizar allanamientos inmediatos cuando existan indicios razonables de que en un inmueble se oculten integrantes de grupos armados organizados o se encuentren armas, explosivos, drogas u otros elementos relacionados con actividades ilícitas.

Asimismo, la suspensión de la inviolabilidad de correspondencia permitirá la identificación, análisis y recopilación de información estrictamente vinculada con amenazas relacionadas con el crimen organizado, siempre bajo informes motivados y con carácter excepcional.

El presidente también dispuso la movilización e intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para ejecutar operaciones de control, mantener el orden público y garantizar la seguridad ciudadana en las zonas incluidas en la declaratoria.

Otro de los puntos contemplados en el decreto es la posibilidad de realizar la requisición temporal de bienes y servicios de origen lícito, en casos de extrema necesidad, para asegurar la continuidad de las operaciones de seguridad y proteger a la población civil.

El Gobierno justificó la medida señalando que la violencia y la criminalidad organizada continúan representando una grave amenaza para la seguridad interna del país y que las estructuras delictivas mantienen corredores de operación interconectados en varias provincias.

La declaratoria deberá ser revisada por la Corte Constitucional, organismo encargado de determinar la constitucionalidad de las medidas adoptadas dentro del estado de excepción, conforme a lo establecido en la normativa ecuatoriana.