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La justicia española ordenó este martes la prisión provisional de Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias Pipo, señalado como el máximo cabecilla de la organización criminal ecuatoriana Los Lobos. El procesado fue capturado días atrás en Málaga, al sur de España, tras ingresar desde Marruecos utilizando documentación falsa.
Alias Pipo es considerado uno de los criminales más peligrosos de Ecuador y está vinculado a 400 asesinatos, extorsiones y atentados con coches bomba perpetrados en el país. Su detención fue anunciada por el presidente Daniel Noboa el domingo pasado, destacando que era el delincuente más buscado del país luego de la recaptura, en mayo, del narcotraficante José Adolfo Macías, alias Fito.
Tras su arresto en Málaga, las autoridades españolas aplicaron la notificación roja de Interpol, activada por los delitos cometidos en Ecuador. Mientras se concreta el proceso de extradición, la jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional —el tribunal que maneja causas de terrorismo y grandes crímenes— dispuso su ingreso en prisión preventiva, según confirmaron fuentes jurídicas a EFE.
La detención formó parte de la operación Renacer, denominada así porque alias Pipo había fingido su muerte para eludir a las autoridades. Las investigaciones revelaron que dirigía el entramado delictivo desde España y los Emiratos Árabes Unidos, movilizándose entre Madrid, Málaga y Dubái. Para ello utilizaba una identidad falsa con el nombre Danilo Ramón Fernández Calderón, supuestamente de nacionalidad venezolana.
Fuentes de la investigación señalaron que Los Lobos, aliada en ocasiones con la banda Chone Killer, estaría detrás de varios atentados recientes en Guayaquil, incluyendo ataques con coches bomba y drones coordinados desde centros penitenciarios. También se determinó que parte de la financiación para estos atentados se realizaba desde España con el objetivo de amedrentar al presidente de Ecuador y frenar las reformas penitenciarias impulsadas por el Gobierno ecuatoriano.
La captura de alias Pipo es considerada por las autoridades españolas como una operación de alto impacto, debido a la capacidad del grupo criminal para operar en varios países y evadir la justicia internacional.
