Desde este viernes 1 de mayo de 2026 entró en vigencia en Ecuador el aumento de la denominada “tasa de seguridad” a las importaciones provenientes de Colombia, que ahora alcanza el 100%.

La medida fue oficializada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), que dispuso el incremento del arancel desde el 50% vigente anteriormente hasta duplicarlo, aplicándolo a todas las mercancías de origen colombiano.

El Gobierno ecuatoriano justificó esta decisión señalando una falta de acciones concretas por parte de Colombia en el control del narcotráfico en la frontera, lo que, según las autoridades, obliga al país a reforzar sus mecanismos de seguridad.

Este incremento forma parte de una escalada progresiva. A inicios de 2026, el arancel se encontraba en el 30%, luego subió al 50% en marzo, y ahora alcanza su nivel máximo con el 100%.

La medida se enmarca dentro de una guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia, ya que el país vecino también ha respondido con tarifas de hasta el 75% a productos ecuatorianos, afectando el comercio bilateral.

Además, el Senae argumentó que existe una “omisión sistemática en los controles de salida” desde Colombia, lo que genera riesgos en la cadena logística y obliga a Ecuador a asumir mayores costos de control.

El impacto ya comienza a sentirse en la frontera. Transportistas y empresarios advierten una caída significativa en el flujo comercial, con una reducción de hasta el 80% en el tránsito de carga en pasos como Rumichaca.

Expertos señalan que esta medida podría provocar alza de precios, contrabando y afectación a miles de empleos, especialmente en sectores que dependen del comercio binacional.

La decisión también coincide con el aumento de tensiones políticas entre los gobiernos de Ecuador y Colombia, marcadas por acusaciones cruzadas sobre seguridad y control territorial.

En este contexto, el endurecimiento de las medidas comerciales refleja no solo un conflicto económico, sino también un escenario de crisis diplomática y de seguridad en la región.