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A dos años de la declaratoria de conflicto armado interno en Ecuador, el balance en materia de seguridad es crítico para el Gobierno de Daniel Noboa. Pese a la militarización iniciada tras la toma armada de TC Televisión, el país cerró el 2025 con cifras récord de violencia, acumulando más de 16.000 asesinatos en este periodo.
Si bien durante 2024 se registró una reducción del 16 % en homicidios en comparación con 2023, la tendencia se revirtió de forma drástica en 2025, cuando se contabilizaron 9.300 muertes violentas, superando incluso los niveles previos a la declaratoria del conflicto armado interno.
Desde 2024, Ecuador opera bajo un esquema de seguridad excepcional, con presencia militar en calles, cárceles y zonas estratégicas. Según cifras oficiales de la Policía Nacional, en 2024 se registraron 6.964 muertes violentas, lo que representó una tasa de 38,76 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a los 8.237 asesinatos y una tasa de 46,18 registrados en 2023.
No obstante, el descenso no se sostuvo. El cierre de 2025 con 9.300 homicidios llevó el total acumulado entre 2024 y 2025 a 16.264 asesinatos, evidenciando que los operativos militares y policiales no lograron revertir la violencia estructural.
Las cifras de la Fiscalía General del Estado refuerzan este panorama. Entre enero de 2024 y diciembre de 2025 se registraron 17.628 denuncias por asesinato: 8.164 en 2024 y 9.464 en 2025, lo que refleja una tendencia alta y sostenida de violencia letal.
Para Diego Pérez, experto en seguridad, la declaratoria del conflicto armado interno tuvo un impacto inicial limitado, pero relevante. “En un primer momento sirvió para desincentivar la actividad criminal en algunas zonas y para demostrar voluntad estatal”, señala. Sin embargo, advierte que Ecuador no puede sostenerse indefinidamente bajo condiciones de excepcionalidad para enfrentar un problema de carácter estructural.
Según el analista, las 22 bandas declaradas terroristas han mutado sus operaciones, se han fragmentado y adaptado a la presión estatal, manteniendo el control de economías criminales en zonas estratégicas del Litoral. “No se trata solo de disputas entre bandas, sino de una expansión territorial impulsada por el narcotráfico y otras economías ilegales”, explica.
Pérez también cuestiona la dispersión de la estrategia estatal tras el impacto inicial. “Ha habido golpes de efecto y capturas de alto perfil, pero no se han revertido los indicadores estructurales de violencia”, afirma, subrayando que estas organizaciones operan bajo esquemas descentralizados que les permiten mantener su capacidad de fuego y control territorial.
Los cuatro pilares de la crisis
Por su parte, el experto en seguridad John Garaycoa sostiene que la crisis de violencia en Ecuador responde a un fenómeno regional con implicaciones globales. Su análisis se basa en lo que denomina “las cuatro patas de una mesa de seguridad”.
Garaycoa reconoce una decisión política clara del Ejecutivo, pero advierte que la seguridad no se resuelve sin una ejecución sostenida. En el plano económico, cuestiona la falta de claridad sobre el uso del 3 % adicional del IVA, destinado supuestamente a fortalecer la seguridad.
“El Estado debe transparentar en qué se invierte: helicópteros, radares, drones, blindados. La seguridad va mucho más allá del chaleco y la bala”, sostiene.
El tercer pilar, según el experto, es el nudo legal y judicial, que considera el más crítico. “Capturan al delincuente, pero no sabemos cuándo ni por qué queda libre”, afirma, apuntando a la corrupción en el sistema judicial.
Finalmente, Garaycoa identifica al factor humano como el eslabón más débil. Propone aplicar controles de confianza estrictos, similares a los de las Fuerzas Armadas, en la Policía y la Función Judicial, incluyendo el uso riguroso del polígrafo, como medida para combatir la corrupción interna.
