La relación entre el Gobierno y los movimientos indígenas ‘vuelve a cero’, al retomar como la agenda de lucha las diez demandas que provocaron el paro de junio del 2022 y que derivó en la instalación de diez mesas de discusión. Por su parte, el Gobierno buscará en la Iglesia católica medidas de acción para evitar futuras movilizaciones.
El último 24 de febrero, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) resolvió en una reunión interna “ratificarse” en exigir el cumplimiento de los diez ejes del manifiesto que abanderó el paro de 18 días que vivió el país en junio del 2022.
Se argumentó que luego de analizar el informe de evaluación de las mesas de diálogo “es evidente que no ha existido voluntad política del Gobierno para su cumplimiento. Al contrario, ha avanzado en sus políticas neoliberales que violentan nuestros derechos comunitarios. Es por eso que rompemos el proceso de diálogo y nos retiramos de las mesas de seguimiento”, dijo el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, al concluir ese evento el viernes anterior.
El 13 de junio del 2022, la Confederación Nacional de Organizaciones, Indígenas y Negras (Fenocin), el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) y la Conaie, tres de las más grandes organizaciones sociales indígenas y campesinas del país, confluyeron en las protestas para reclamar al presidente Guillermo Lasso por la ‘carestía de la vida’ ante el incremento de los precios de los derivados del petróleo: gasolina extra, ecopaís y el diésel.
Pedían que se congele el diésel a $ 1,50 y la gasolina extra y ecopaís a $ 2,10, se deroguen los decretos 1158, 1183, 1054 y entrar en el proceso de focalización a los sectores que necesitan subsidio: agricultores, campesinos, transportistas, pescadores.
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) intervino y se firmó el ‘Acta de la paz’, que obligó a instalar un diálogo por tres meses, que dejó los 218 acuerdos firmados en octubre pasado.
Cuatro meses después, dos de los tres colectivos, la Conaie y la Fenocin, aseguran que no se cumplió nada de lo acordado y decidieron romper el diálogo con la advertencia de promover nuevas movilizaciones retomando las diez demandas y una más: pedir a Guillermo Lasso que renuncie a esa dignidad.
Para el director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (Celaep), Sebastián Mantilla Baca, ratificarse en los diez puntos de su agenda “es como dejar de lado los acuerdos y volver a cero. Es decir, están ahí íntegras las diez demandas sin resolverse y volvemos a cero”.
Mantilla observa que desde el régimen hay una intención de conversar para bajar el nivel de conflictividad, pero cuando se dice que hay una hoja de ruta que no se cumplió, parecería que la dirigencia social tiene razón en reclamar celeridad.
“Sin embargo, hay también una alineación de la agenda política que tendría Leonidas Iza con el correísmo (movimiento Revolución Ciudadana que lidera el expresidente Rafael Correa), porque ellos han planteado que Lasso renuncie o destituirle para ir a elecciones anticipadas, pues están seguros de que tendrían posibilidades de ganar una elección presidencial”, indicó.
En todo caso, el analista cree que estas acciones desgastan al Gobierno y “minan su capital político”, a tal punto que hasta perdió aliados y ni grupos políticos ni movimientos sociales “quieren sentarse a dialogar”.
También, el consultor económico Alberto Acosta Burneo reflexiona que detrás de estos nuevos anuncios se trabaja en una plataforma política para las elecciones presidenciales del 2025 y el “desconocer” lo que se ha hecho en las mesas técnicas tendría como fin llevar un mensaje de que “la lucha recién empieza”.
“Si hubiera la intención de que se cumplan los acuerdos, los movimientos sociales buscarían que se siga ejecutando. Pero les conviene una posición de conflicto y eso hace que haya menos posibilidades para dialogar y por tanto, cerraron esa puerta”, opinó.
Recordó que las protestas de junio del 2022 dejaron pérdidas por más de $ 1.000 millones y que en la actualidad, la “sola amenaza” ahuyenta las inversiones y reduce el ritmo de crecimiento económico, que según las proyecciones, podría alcanzar un 3%.
A esto se suman las actuaciones de la Asamblea Nacional, en donde la Comisión Ocasional por la Verdad y la Justicia en el caso El Gran Padrino concluyó su informe y recomendó al pleno proceder con el juicio político a Guillermo Lasso bajo la causal de ‘traición a la patria’.
De ser aprobado, el informe deberá enviarse a la Corte Constitucional para un dictamen previo de constitucionalidad. Aunque ese aspecto no convence al ministro de Gobierno, Henry Cucalón, quien desconfía de que eso vaya a detener acciones de hecho para conflictuar al primer mandatario.
“En el ínterin… se debe saber lo que están planeando. Quieren cuadrar las fechas para ver cómo las circunstancias se mueven. Aquí esto está milimétricamente diseñado… Han de pensar que todo el mundo está dormido, que no nos damos cuenta de que todo está cuadrado en las fechas porque todo va en varias vías”, advirtió en una entrevista con radio América este martes, en la que anticipó que revelarán cómo se estarían “manoseando hechos” para llevar a juicio político a Lasso.
El secretario de Estado anunció que se trabaja en una campaña masiva de información para detallar que sí hay cumplimientos en los acuerdos y, a la par, está previsto que este miércoles se reúna con representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para hablar sobre este tema. Aunque no mencionó hora ni lugar.
El analista petrolero Henry Llanes asesoró a la Fenocin en las mesas técnicas de focalización de subsidios a los combustibles y de energía y recursos naturales, en las que aseguró que ninguno de los compromisos se ha cumplido.
Según Llanes, sobre la política de focalización de los subsidios y en materia minera no se acogieron sus propuestas y tampoco hay avances en lo que se definió en octubre del 2022.
Ejemplificó que no se trabajaron mecanismos para la focalización para el sector agricultor; o en mecanismos legales que impidan que la fijación de los precios a los derivados de los combustibles lo haga el presidente de la República.
Tampoco se ha trabajado en la elaboración de los proyectos de ley de Petroecuador, a las reformas a la Ley de Hidrocarburos y Minería, al proyecto de ley de Consulta previa, libre e informada, entre otras.
“Los acuerdos de las mesas 1 y 5 no se han cumplido y eran acuerdos vitales, porque la economía se encareció en el 2022 por el incremento de los precios de los combustibles y por la reforma tributaria que rige desde el 2021. Lo que sucede es que los movimientos sociales han perdido la confianza en el Gobierno, porque un aspecto fundamental es generar confianza, seguridad, credibilidad y eso no hay”, manifestó Llanes.
En tanto, el ministro de Transporte, Darío Herrera, en una entrevista con la cadena Ecuavisa, adelantó que se fijó un cronograma de 34 pasos con un “pocotón de actividades, para poder terminar este proceso de implementación del sistema de focalización, con una meta plazo hasta septiembre de este año”.
Ofreció que en este año se empezará la construcción de proyectos viales para generar plazas de empleo.
