La salida de un vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) podría no ser la única que se avizora en su pleno, lo que podría avivar la pugna entre el Gobierno de Daniel Noboa y los grupos de oposición.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sesionó el pasado viernes para calificar el enjuiciamiento político a la consejera y vicepresidenta del CPCCS, Johanna Verdezoto del Salto.

El organismo consideró que el pedido realizado por la asambleísta correísta de la Revolución Ciudadana (RC) Ana Herrera cumplió con los requisitos de procedimiento, por lo que seguirá la interpelación con la sustanciación de las pruebas.

Herrera fue la interpelante de Juan Guarderas Cisneros, el exconsejero considerado como afín al presidente Daniel Noboa Azín, que fue destituido y censurado del cargo con 70 votos del pleno en una sesión del 27 de diciembre de 2024.

Su salida dio paso a la principalización de Eduardo Franco Loor, cercano a las filas de la RC y exabogado de Jorge Glas Espinel, ex segundo mandatario del Gobierno de Rafael Correa, sentenciado por hechos de corrupción.

A Verdezoto, que se autodefine como montuvia, la acusan de incumplimiento de funciones por incurrir en un posible conflicto de intereses en el concurso para la designación del titular de la Defensoría Pública; y, además, enfrenta una denuncia por concusión y perjurio por un contrato de arrendamiento, con lo cual habría incumplido la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código Orgánico Administrativo.

Verdezoto era cercana al correísmo y formó parte de la mayoría que lideraba el exconsejero Alembert Vera, exabogado de Rafael Correa, junto con los consejeros Augusto Verduga, Yadira de Saltos y Nicole Bonifaz.

En abril del 2024, al CPCCS llegó una denuncia que sostenía que, presuntamente, ella había participado en una reunión con el excandidato a defensor público Daniel Frías Toral y otros actores políticos. Toral renunció al concurso público al revelarse que era propietario de un vehículo de alta gama que perteneció al narcotraficante Leandro Norero Tigua (+) y la embajada de los Estados Unidos le había retirado la visa para ingresar a su territorio.

Luego, la expresidenta del CPCCS Nicole Bonifaz reveló posibles irregularidades en los recursos de gastos por residencia, ya que una mujer que trabajaba con Verdezoto la había denunciado en la Fiscalía General del Estado por un presunto delito de concusión.

Según el relato, Johanna Verdezoto, en el 2023, le había pedido que firmara un contrato de arriendo en calidad de propietaria de un inmueble ubicado en la avenida Bosmediano, en el norte de Quito, pues al ser oriunda de Los Ríos accede a gastos por residencia provenientes de recursos del Estado.

Ese contrato se había presentado al Consejo para pedir reembolso de gastos de vivienda, pese a que la mujer aclaró que no era propietaria de ese inmueble en donde reside la consejera. La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones.

En lo político, en el caso de que el Parlamento sume otros 70 votos para censurar y destituir a Verdezoto, le sucederá Ángel Chela Llumiquinga, que fue asesor legal en la Secretaría de Pueblos del Gobierno entre el 2021 y 2022.

Los dos fueron elegidos en la lista de pueblos y nacionalidades.

Simultáneamente al juicio político a Verdezoto, las disputas entre el régimen y el correísmo se concentrarán también en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que tendrá la facultad de destituir o salvar a cuatro vocales del ala de la RC, denunciados por una infracción electoral.

En agosto del 2024, el TCE vivió una cisma cuando tres jueces removieron a Fernando Muñoz Benítez de la presidencia.

Ivonne Coloma Peralta, Ángel Torres Maldonado y Guillermo Ortega Caicedo se autoconvocaron y lo sacaron de esa dignidad; y, en su lugar, Coloma ascendió a la presidencia y Torres a la vicepresidencia.

El 10 de noviembre de 2024, los tres jueces, junto con Joaquín Viteri Llanga, negaron la inscripción de la candidatura presidencial de uno de los contendores de Daniel Noboa, Jan Topic Feraud, por el partido SUMA.

Alegaron que la actividad empresarial de Topic podría potencialmente afectar el ejercicio de su cargo si llegara a ser elegido presidente de la República.

Esto ocurrió pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sí calificó la participación de Topic, pues negó las objeciones a su candidatura que presentaron los líderes del Partido Sociedad Patriótica (PSP) y de Pachakutik (PK).

La sentencia la elaboró el juez Ángel Torres y se aprobó con cuatros votos y la negativa de Fernando Muñoz, y en ella se incorporó documentación calificada como “reservada” que no se entregó ni a Topic en su ejercicio del derecho a la defensa.

Con esa correlación de fuerzas en el pleno de jueces, está en trámite un pedido de recusación en contra del magistrado Roosvelt Cedeño.

De resolverse, permitiría que en última y definitiva instancia se ratifique o se niegue la destitución de cuatro vocales: Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, así como la suplente Vielka Párraga.

Esto porque el juez sustanciador de primera instancia, Fernando Muñoz, aceptó la denuncia de los activistas Pamela Troya y Santiago Becdach en contra de las autoridades, y concluyó que incurrieron en una infracción electoral al haber sido promocionados durante la campaña electoral de febrero del 2023 por el movimiento correísta de la RC y por su líder Rafael Correa, que los apodaron como los candidatos de la ‘liga azul’.

Si son destituidos estos cuatro consejeros, la Asamblea Nacional tendría que posesionar a nuevas autoridades, con base en los resultados de las elecciones de febrero del 2023.

Por ejemplo, para el reemplazo de Augusto Verduga tendría que ascender Gonzalo Albán, que es vocal suplente y tiene una cercanía con la mayoría afín al Gobierno que sostiene el presidente del Consejo, Andrés Fantoni.

En lugar de Eduardo Franco tendría que ascender David Rosero Minda, exconsejero que fue destituido por la Corte Constitucional (CC) en enero del 2023 por incumplir uno de sus fallos.

En el periodo 2019-2023, Rosero se alió a la mayoría que encabezaba Sofía Almeida, aliada a la RC y al Partido Social Cristiano (PSC), y en la actualidad está gestionando que le levanten el impedimento para ejercer cargo público en el Ministerio del Trabajo, luego de la destitución dispuesta por la CC.

En lugar de Yadira Saltos, consejera principal, la reemplazaría Piedad Cuarán, que es funcionaria del CPCCS y se vinculó al organismo en la primera gestión que llevó adelante Marcela Miranda en el 2011.

Y para reemplazar a Vielka Párraga, según los resultados electorales de febrero del 2023, la candidata más votada que le sigue es Mónika Mosquera Romero.

En el 2017, Mosquera se postuló para asambleísta por una alianza entre el PSC y el movimiento Quito en Acción; y en 2019 participó en las elecciones para concejala de Quito por el extinto movimiento Concertación.