Daniel Noboa ratifica el conflicto armado interno y abre la puerta a indultos para militares y policías

El presidente de la República, Daniel Noboa, reafirmó que Ecuador continúa enfrentando un conflicto armado interno y aseguró que el Estado mantendrá las acciones emprendidas contra las organizaciones criminales que operan en el país.

Durante un pronunciamiento relacionado con la seguridad nacional, el mandatario sostuvo que la lucha contra las estructuras delictivas seguirá siendo una prioridad de su administración y defendió el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las operaciones desarrolladas en distintas provincias.

Noboa también planteó la posibilidad de conceder indultos a militares y policías que sean procesados por hechos ocurridos durante intervenciones contra grupos criminales, siempre que hayan actuado en cumplimiento de su deber y dentro del contexto de la confrontación con estas organizaciones.

Según el Presidente, la medida busca brindar respaldo a los uniformados que participan en operativos de seguridad y evitar que quienes enfrentan a estructuras delictivas actúen bajo temor a posibles consecuencias judiciales derivadas de sus actuaciones.

El anuncio se produce en medio del debate sobre el papel de las fuerzas de seguridad en el combate al crimen organizado, así como sobre los mecanismos legales que pueden implementarse para proteger a los agentes que intervienen en situaciones de alto riesgo.

Desde enero de 2024, el Gobierno mantiene la declaratoria de conflicto armado interno, mediante la cual identificó a varias organizaciones criminales como grupos armados organizados y dispuso una respuesta conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La propuesta relacionada con eventuales indultos ha generado diversas reacciones en sectores políticos, jurídicos y de derechos humanos, que analizan el alcance de la medida y sus implicaciones dentro del marco constitucional ecuatoriano.

Mientras tanto, el Ejecutivo sostiene que las acciones forman parte de una estrategia integral destinada a recuperar la seguridad ciudadana y debilitar la capacidad operativa de las organizaciones criminales que actúan en el territorio nacional.