Crimen organizado genera pérdidas equivalentes al 10% del PIB de Ecuador

Ecuador enfrenta una estructura criminal que, según estimaciones oficiales citadas por Primicias, estaría integrada por al menos 41.000 personas, aunque el Gobierno advierte que actualmente la cifra podría llegar a 80.000.

Las actividades vinculadas al crimen organizado generan pérdidas de entre $10.000 y $12.000 millones al año, equivalentes aproximadamente al 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Más de 41.000 personas estarían vinculadas al crimen organizado

El Ministerio del Interior identificó hasta 2025 a por lo menos 41.000 integrantes de organizaciones armadas y delincuenciales que operan en Ecuador.

Sin embargo, estimaciones recientes del Gobierno señalan que el número podría haberse duplicado y alcanzar cerca de 80.000 personas armadas, distribuidas tanto en zonas urbanas como rurales.

Estas cifras forman parte de los insumos analizados por la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional durante el tratamiento del proyecto de Ley Antimafias, que espera un segundo y definitivo debate en el pleno.

Entre las organizaciones mencionadas en los informes de inteligencia constan Los Lobos, Tiguerones, Los Choneros, Águilas, Chone Killers, Mafia 18-Tiburones, Lagartos, Latin King, Gánster y Comandos de Frontera.

Según la información citada por Primicias, estas estructuras también mantienen vínculos operativos o logísticos con organizaciones criminales transnacionales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la ‘Ndrangheta italiana y redes balcánicas.

El crimen genera hasta $12.000 millones en pérdidas

La Academia de Ciencias Policiales de la Policía Nacional estima que las dinámicas relacionadas con la violencia y el crimen organizado generan una afectación económica de entre $10.000 y $12.000 millones anuales.

El impacto equivale aproximadamente al 10% del PIB ecuatoriano y supera en más del doble la estimación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que calcula un impacto promedio de alrededor del 4% del PIB por delincuencia organizada en los países de la región.

La magnitud de estas pérdidas ha llevado a que la discusión de la Ley Antimafias se concentre en afectar las fuentes de financiamiento, el patrimonio y la logística de las organizaciones criminales.

Narcotráfico y minería ilegal, entre las principales rentas

Uno de los principales objetivos de la propuesta es atacar las actividades que generan recursos para las organizaciones criminales.

El narcotráfico transnacional continúa siendo señalado como el principal motor financiero de estas estructuras. Solo durante el primer semestre de 2026, la interdicción policial habría generado afectaciones por $1.800 millones al narcotráfico.

La propuesta de reforma también plantea incorporar al Código Orgánico Integral Penal (COIP) el delito de pertenencia a organizaciones criminales y aumentar las penas por delincuencia organizada de 22 a 26 años de prisión. Cuando exista relación con tráfico de drogas y otros delitos graves, las sanciones podrían llegar de 26 a 30 años.

Otro de los negocios ilícitos identificados es la minería ilegal, que según información presentada por el Ministerio de Defensa genera cerca de $1.300 millones anuales y puede utilizarse además para blanquear recursos provenientes del narcotráfico mediante el comercio de oro sin trazabilidad.

Robo de combustible y lavado de activos

El robo de hidrocarburos también representa una fuente importante de recursos para las estructuras delictivas.

Según los datos expuestos ante la Asamblea, entre febrero de 2025 y febrero de 2026 se registraron 1.952 perforaciones clandestinas en poliductos, frente a las 258 contabilizadas entre 2020 y 2025.

El perjuicio económico por el robo de combustible alcanzó aproximadamente $166 millones en el último año, mientras que las pérdidas acumuladas entre 2022 y 2026 llegaron a $463 millones.

En cuanto al lavado de activos, la UAFE detectó durante 2025 operaciones sospechosas por más de $1.200 millones.

La Ley Antimafias plantea modificaciones a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio para facilitar la incautación y venta anticipada de bienes relacionados con estructuras criminales, entre otras medidas.

Contrabando también financia a las mafias

El contrabando constituye otra de las actividades que, según los sectores que participaron en el análisis de la propuesta, genera importantes ingresos para las organizaciones delictivas.

Reportes de la Asociación de Industriales Licoreros señalan que la informalidad y el contrabando representan el 86% del mercado de cigarrillos y más del 60% en licores.

De acuerdo con estas estimaciones, más de $500 millones anuales podrían estar llegando a las arcas de grupos criminales por estas actividades.

La discusión de la Ley Antimafias busca, en este contexto, fortalecer las herramientas del Estado para combatir las fuentes económicas del crimen organizado y afectar directamente su capacidad financiera y operativa.

Fuente: Primicias.