¿Cómo denunciar el maltrato animal sin vulnerar la ley? Esto dicen los abogados en Ecuador.
La indignación frente a un caso de maltrato animal suele provocar una reacción inmediata en redes sociales. Fotografías de perros encadenados, mascotas sin alimento o animales expuestos a condiciones climáticas extremas circulan rápidamente en plataformas digitales y generan reclamos de justicia.
Sin embargo, publicar videos o fotografías de presuntos responsables, revelar sus direcciones domiciliarias o exponer las placas de sus vehículos puede tener consecuencias legales en Ecuador.
Abogadas especializadas en materia penal y constitucional advierten que, aunque denunciar la crueldad animal es un derecho ciudadano, hacerlo públicamente sin considerar los límites legales puede vulnerar derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, la intimidad y la protección de datos personales.
¿Es legal exponer a un presunto maltratador de animales en redes sociales?
La Constitución ecuatoriana establece que toda persona debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia ejecutoriada que determine su responsabilidad.
Elizabeth Aldas, especialista en derecho civil, constitucional y penal, explica que este principio está contemplado en el artículo 76, numeral 2, de la Constitución.
Por ello, señala que las acusaciones públicas contra una persona, antes de que exista una resolución judicial, pueden vulnerar la presunción de inocencia.
En la misma línea, la abogada Angélica Gilces advierte que publicar videos en los que se identifique a alguien como responsable de un delito o contravención puede afectar sus derechos, incluso cuando el contenido tenga como propósito denunciar un supuesto caso de maltrato animal.
El problema se agrava cuando las publicaciones incluyen rostros, direcciones domiciliarias, placas de vehículos u otros elementos que permitan identificar a los involucrados.
Publicar direcciones y fotografías puede generar sanciones
La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales reconoce la dirección domiciliaria como información personal identificativa.
Según Aldas, divulgar estos datos puede vulnerar el derecho a la intimidad personal y familiar, reconocido en el artículo 66, numeral 20, de la Constitución.
Además, advierte que exponer públicamente el domicilio de un sospechoso puede incentivar amenazas, hostigamiento o actos de justicia por mano propia.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) también contempla consecuencias para determinadas conductas relacionadas con la difusión de información privada y las acusaciones falsas.
Entre las disposiciones mencionadas por las especialistas están:
- Violación a la intimidad: el artículo 178 del COIP contempla una pena de uno a tres años de prisión.
- Calumnia: el artículo 182 establece una pena de seis meses a dos años cuando se imputa falsamente a otra persona el cometimiento de un delito.
- Daño moral: el artículo 2232 del Código Civil permite reclamar una indemnización cuando se demuestra un perjuicio de esta naturaleza.
Las consecuencias dependerán de las características de cada publicación y de las circunstancias que se acrediten en el procedimiento correspondiente.
¿Cómo denunciar un caso de maltrato animal sin infringir la ley?
Las especialistas recomiendan utilizar los canales institucionales para presentar las denuncias y entregar las pruebas directamente a las autoridades competentes.
El artículo 471 del COIP contempla el uso de grabaciones como elementos de convicción procesal, bajo las condiciones legales correspondientes.
Elizabeth Aldas señala que los videos y fotografías deben conservarse en sus archivos originales, sin ediciones, para facilitar su revisión y preservar la cadena de custodia.
Entre las principales recomendaciones están:
- Registrar fotografías y videos del presunto maltrato, procurando conservar los archivos originales.
- Evitar publicar rostros, placas de vehículos y direcciones domiciliarias de los sospechosos.
- Presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado o las autoridades municipales competentes, como la Unidad de Bienestar Animal, según corresponda.
- Entregar las evidencias por los canales oficiales para que puedan ser incorporadas a la investigación.
- Evitar amenazas, señalamientos públicos o llamados a realizar actos de justicia por mano propia.
Si una persona ya difundió información privada de un sospechoso, la abogada Angélica Gilces recomienda retirar el contenido y emitir una aclaración pública cuando corresponda. También aconseja conservar registros de las actuaciones realizadas.
¿Qué sanciones existen por maltrato animal en Ecuador?
La legislación ecuatoriana contempla sanciones para determinadas conductas de violencia contra los animales, especialmente aquellos que forman parte de la fauna urbana.
El artículo 250 del COIP establece penas para el abuso sexual contra animales. La sanción puede ser de seis meses a un año de prisión y, si como consecuencia de esa conducta el animal muere, puede aumentar de uno a tres años.
Por otra parte, el artículo 250.1 contempla penas de seis meses a un año para quien mate a un animal que forma parte de la fauna urbana, de acuerdo con las circunstancias previstas en la norma.
Un caso que generó preocupación ocurrió en octubre pasado en la ciudadela Urseza 2, en Machala, provincia de El Oro.
La organización Rescate Animal denunció, mediante su cuenta de Facebook, la muerte de un perro que presuntamente habría sido ahorcado. Según la publicación, el cuerpo del animal fue colocado en un saco y abandonado en una esquina del sector.
Moradores señalaron que no sería la primera vez que ocurría un hecho de estas características en la zona.
Las imágenes difundidas por la organización fueron difuminadas para evitar la exposición de información personal.
Denunciar el maltrato animal también implica respetar el debido proceso
La protección de los animales y el respeto a los derechos constitucionales no son objetivos incompatibles.
Las denuncias ciudadanas pueden contribuir a identificar situaciones de crueldad y facilitar la intervención de las autoridades. Sin embargo, las especialistas insisten en que las pruebas deben entregarse por las vías legales y no convertirse en herramientas de exposición pública o persecución.
En Ecuador, el desafío consiste en combatir el maltrato animal sin vulnerar la privacidad, la presunción de inocencia ni el debido proceso. La indignación ciudadana puede impulsar una denuncia, pero corresponde a las autoridades investigar los hechos y establecer las responsabilidades.



¡Sin comentarios! Sé el primero.